Una serie de cuestionamientos sobre el manejo administrativo y financiero del acueducto comunitario Martinica Los Monos, en zona rural de Ibagué, fue puesta en conocimiento de Ecos del Combeima por una persona usuaria que pidió mantener su identidad bajo reserva por temor a represalias.

La denuncia se centra en la destinación de los recursos que, según documentos obtenidos por la fuente mediante derechos de petición, habrían sido transferidos por la Alcaldía de Ibagué para subsidiar los servicios de acueducto y alcantarillado. De acuerdo con su versión, los giros superarían los 109 millones de pesos, pero los usuarios no tendrían claridad sobre la aplicación de esos beneficios en sus recibos.

La persona sostiene que la comunidad no ha recibido información detallada sobre los recursos y que tampoco se ha realizado una rendición de cuentas que permita conocer cuánto dinero llegó, cómo fue distribuido y qué usuarios fueron beneficiados.

Recibos sin discriminación de los subsidios

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con el sistema de facturación. Según la denuncia, el acueducto entrega recibos manuales en los que no se especifican elementos como el estrato del usuario, el valor del subsidio aplicado ni el descuento correspondiente.

La fuente asegura que, pese a que los recursos estarían destinados a beneficiar a los usuarios de acuerdo con su condición, los habitantes terminan pagando valores similares sin que se evidencie el descuento en la factura.

Los recibos entregados a este medio muestran cobros realizados por el servicio de agua, pero en los formatos aportados no se observa una discriminación específica del subsidio.

El cuestionamiento adquiere relevancia al revisar el contrato 023 de 2025, suscrito entre la Alcaldía de Ibagué y la Asociación de Usuarios del Acueducto Rural Martínica de los Monos. En el documento se contemplan recursos para subsidiar los servicios de acueducto y alcantarillado, así como obligaciones relacionadas con la información y la aplicación de los descuentos a los usuarios.

La persona denunciante afirma que, tras elevar solicitudes ante la Administración municipal, recibió documentos que acreditarían transferencias por más de 109 millones de pesos. Sin embargo, sostiene que todavía desconoce qué soportes presentó el acueducto para solicitar los desembolsos y cómo se justificó la aplicación de los recursos.

Cuestionamientos por el cobro de alcantarillado

Otro de los puntos señalados tiene que ver con el cobro del servicio de alcantarillado. Según la fuente, el objeto social establecido en los estatutos del acueducto corresponde a la prestación del servicio de agua y no contempla, de acuerdo con su interpretación, la operación del alcantarillado.

La denuncia indica que algunos usuarios reciben cobros por este concepto, mientras otros se niegan a pagarlos porque consideran que el servicio no ha sido aprobado por la asamblea general ni se han presentado las actas que sustentarían una modificación de los estatutos.

También asegura que a quienes no pagan se les habría advertido sobre posibles cobros retroactivos y suspensiones del suministro de agua. Estas afirmaciones deberán ser contrastadas con la junta administradora y con las autoridades competentes.

La fuente agrega que en el sector rural existen viviendas que utilizan pozos sépticos, mientras que el barrio La Cartagena cuenta con infraestructura de alcantarillado del IBAL. Por ello, cuestiona que dentro de los contratos de subsidios aparezca contemplado este servicio y pide aclarar qué cobertura se está reportando y bajo qué condiciones.

Nuevas conexiones y disponibilidad de agua

La denuncia también plantea dudas sobre la venta de nuevos puntos de conexión. De acuerdo con la persona usuaria, el acueducto comunitario fue constituido para atender a la vereda Martinica, pero algunas administraciones habrían permitido extender el servicio hacia sectores urbanos, entre ellos La Cartagena, cuyos habitantes contarían con cobertura del IBAL.

La fuente cuestiona que se estén ofreciendo nuevas conexiones sin que, según afirma, exista una autorización clara de la asamblea o un estudio técnico actualizado sobre la capacidad de la fuente de abastecimiento.

El sistema depende de la captación de agua de la quebrada Las Pavas, cuyo caudal tendría restricciones. Por esa razón, considera necesario que Cortolima evalúe la disponibilidad del recurso antes de continuar autorizando nuevas conexiones.

A esto se suma la preocupación por la comercialización de lotes y parcelaciones en el sector rural. La persona asegura que algunos compradores habrían adquirido terrenos bajo la promesa de contar con servicios públicos y posteriormente habrían encontrado dificultades relacionadas con la situación jurídica de los predios. También cuestiona que se ofrezcan conexiones de agua en esos terrenos sin que, según su versión, exista claridad sobre las autorizaciones correspondientes.

Dudas sobre la junta directiva y falta de respuestas

En el componente administrativo, la denuncia cuestiona la vigencia de la junta directiva. La fuente sostiene que el periodo estatutario de la anterior administración terminó el 27 de agosto de 2024 y que posteriormente se habría realizado una elección el 24 de octubre, cuya legalidad pone en duda por presuntas irregularidades en el quórum.

También señala que los contratos de febrero de 2025 y febrero de 2026 habrían sido suscritos por una representante cuyo periodo ya había terminado. Este señalamiento requiere revisar las actas de elección, los estatutos y los documentos de representación legal vigentes para cada contratación.

La persona denunciante cuestiona, además, la relación del acueducto con una asociación de acueductos, pues considera que algunas decisiones administrativas y financieras estarían quedando en manos de terceros, sin suficiente participación de los usuarios.

Según su relato, las solicitudes de información dirigidas a la junta no han recibido respuesta. Afirma que incluso acudió a una acción de tutela para obtener contestación a un derecho de petición y que también puso la situación en conocimiento de la Superintendencia de Servicios Públicos.

La denuncia incluye amenazas contra quienes reclaman información

La situación expuesta también tiene un componente de seguridad. La persona que entregó la información asegura que ha recibido amenazas de muerte y que cuenta con medidas de protección.

Relata que durante la jornada en la que se habría realizado la elección de la junta directiva, dos hombres armados llegaron a la vereda, realizaron disparos y amenazaron a quienes cuestionaban el proceso. Por razones de seguridad y a petición expresa de la fuente, este medio omite cualquier dato que pueda facilitar su identificación.

La denuncia plantea interrogantes sobre la transparencia en el manejo de los recursos destinados a los subsidios, la autorización de cobros, la capacidad de abastecimiento y la administración del acueducto comunitario.

Ecos del Combeima considera necesario conocer la versión del acueducto comunitario de la Martinica de los Monos, de la Alcaldía de Ibagué y de las entidades de vigilancia y control. Entre las respuestas pendientes están la explicación sobre los recursos transferidos, los criterios de aplicación de los subsidios, el sustento de los cobros por alcantarillado y las autorizaciones para nuevas conexiones.