Carlos Felipe Romero Gómez lleva cinco años como abogado y todavía no ha firmado un contrato laboral formal y la pregunta es ¿qué tan real es la inclusión laboral cuando los profesionales están preparados, las normas existen y las propuestas llegan directamente a las entidades?

Llegaron con hojas de vida, propuestas y una expectativa

El 27 de mayo, Carlos Felipe Romero Gómez y su pareja llegaron a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social de Ibagué. Ambos son profesionales, ambos tienen discapacidad visual y ambos llegaron con algo más que una hoja de vida: llevaban propuestas técnicas elaboradas para aportar desde sus conocimientos.

No llegaron sin previo aviso. Según relata Romero Gómez, habían sido invitados a presentarlas, la propuesta del abogado estaba relacionada con soporte jurídico y un protocolo de mediación para la Ruta de Vinculación Laboral, mientras que la de su pareja planteaba apoyo en gestión humana para el primer Festival de Camello, han pasado más de tres meses y, de acuerdo con su relato, ninguna de las dos propuestas ha recibido una respuesta concreta.

Para Carlos Felipe, el episodio no puede analizarse únicamente como una experiencia personal. Lo que está en juego es la diferencia entre hablar de inclusión y convertirla en oportunidades reales para quienes buscan ingresar al mercado laboral.

Cinco preguntas y varias respuestas que dejaron dudas

La historia comenzó el 2 de mayo, cuando Romero Gómez presentó un derecho de petición ante la Secretaría de Desarrollo Social con cinco preguntas relacionadas con la inclusión laboral de personas con discapacidad.

Quería conocer cuántas personas con discapacidad visual estaban vinculadas, cuál era el nivel de cumplimiento del Decreto 2011 de 2017, cuándo podría presentar formalmente propuestas de inclusión laboral desde su experiencia como magíster en mediación en formación, qué contemplaba el convenio con el CRAC frente a la intermediación laboral de profesionales titulados y si se cumplían los protocolos de accesibilidad web previstos en la legislación colombiana, la respuesta llegó el 27 de mayo, el mismo día en que él y su pareja acudieron a las oficinas.

Pero, según denuncia el abogado, dos de las cinco preguntas no fueron contestadas de manera directa. El porcentaje de cumplimiento del Decreto 2011 de 2017 y el asunto relacionado con accesibilidad web, asegura, quedaron sin una respuesta concreta. Otra inquietud fue remitida a otra dependencia y, frente al convenio con el CRAC, recibió información general que, según su interpretación, no resolvía específicamente lo preguntado.

Romero Gómez considera que el asunto no es menor. Desde su condición de abogado sostiene que una respuesta dentro del plazo no necesariamente significa que se haya atendido de fondo un derecho de petición, pues la legislación exige que las respuestas sean claras, precisas y congruentes con lo solicitado.

Mientras tanto, las propuestas siguen esperando

La paradoja es precisamente la que llevó al profesional a hacer pública su experiencia, por un lado, dos personas con discapacidad visual acudieron con propuestas concretas para aportar desde sus conocimientos. Por otro, tres meses después, aseguran que no han recibido una respuesta que permita saber si esas iniciativas fueron estudiadas, descartadas o simplemente quedaron archivadas.

Carlos Felipe no plantea que una entidad esté obligada a contratarlo por el solo hecho de presentar una propuesta. Su reclamo apunta a algo diferente: que exista una oportunidad real de ser escuchado y que la inclusión no termine reducida a discursos, eventos o documentos, la discusión tomó mayor fuerza después de que conociera una investigación periodística de Ecos del Combeima, presentada en el espacio Ping Pong Político, sobre los millonarios contratos celebrados por la Alcaldía de Ibagué con la fundación IMIX.

Según la investigación citada por Romero Gómez, los contratos con esta fundación alcanzarían cerca de 19.199 millones de pesos, además de señalar diferencias de precios en algunos servicios contratados, para el abogado, esa información fue el punto que terminó conectando dos realidades que considera difíciles de ignorar: existen recursos públicos para contratar diferentes servicios, pero sus propuestas, que asegura haber entregado personalmente y que no implicarían un costo para la ciudad en esta etapa de revisión, llevan meses sin ser siquiera evaluadas, según su relato.

Cinco años de título y ningún contrato formal

La historia también tiene una dimensión que trasciende a la Alcaldía, Romero Gómez lleva cinco años de graduado como abogado. Se especializó en derecho de familia y resolución de conflictos y actualmente termina una maestría en Mediación y Gestión del Conflicto.

Durante este tiempo, cuenta, ha enviado hojas de vida a firmas de abogados, alcaldías, consultorios jurídicos, universidades y centros de conciliación. También ha buscado oportunidades a través de plataformas digitales y redes profesionales, la respuesta que más ha recibido, dice, ha sido el silencio.

Y ahí aparece una segunda barrera: no solamente es un abogado que compite en un mercado laboral altamente demandado, sino una persona ciega que enfrenta las dificultades adicionales que todavía persisten para el acceso de las personas con discapacidad al empleo formal.

El propio Romero Gómez cita cifras nacionales para dimensionar esa brecha y plantea que la discusión no debería centrarse en si las personas con discapacidad están preparadas, sino en cuántas oportunidades reales tienen para demostrarlo.

La inclusión no puede quedarse en una fotografía

La historia de Carlos Felipe no demuestra por sí sola cómo funciona toda la política de inclusión laboral de Ibagué, pero sí expone una experiencia concreta que merece ser respondida públicamente.

También abre una discusión que debería ir más allá de su caso: qué ocurre con los profesionales con discapacidad que cumplen requisitos, se preparan, presentan propuestas y aun así encuentran puertas que no terminan de abrirse.

La inclusión laboral no debería medirse únicamente por el número de eventos realizados, convenios anunciados o discursos pronunciados. También debería poder verse en las hojas de vida que encuentran una oportunidad, en los profesionales que son llamados a entrevistas, en las propuestas que reciben una respuesta y en las personas que finalmente consiguen un empleo digno.

Carlos Felipe decidió dejar de guardar silencio, no pide que le regalen un cargo. Pide que miren lo que sabe hacer y esa diferencia, aunque parezca pequeña, puede ser precisamente donde comienza una discusión mucho más grande sobre la inclusión laboral en Ibagué.