El negocio era el miedo. Comerciantes de Ibagué y Cajamarca habrían sido presionados para entregar dinero bajo amenazas de muerte, en una operación que, según la investigación de las autoridades, habría permitido a la denominada ‘Oficina del Valle’ convertir la intimidación en una fuente de ingresos.

El golpe llegó después de cerca de un año de investigación adelantada por el GAULA de la Policía Tolima y la Fiscalía General de la Nación, que terminó con cinco personas capturadas y dejó sobre la mesa una pregunta que todavía no tiene respuesta: ¿cuánto dinero habría alcanzado a mover esta estructura y cuántos comerciantes más pudieron haber sido víctimas?

De una exigencia millonaria a una extorsión que podía volverse mensual

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, los presuntos integrantes de esta organización habrían utilizado una modalidad conocida como ‘exigencia única’, acercándose directamente a comerciantes para intimidarlos y hacerles creer que tenían respaldo de estructuras criminales del Valle del Cauca.

La puesta en escena también habría sido parte de la estrategia. Los investigadores señalaron que algunos de los involucrados se movilizaban en camionetas de alta gama, incluso con características blindadas, buscando proyectar una imagen de poder frente a sus posibles víctimas.

El mecanismo tendría además un componente de negociación: comenzaban con sumas elevadas y posteriormente reducían la exigencia hasta llegar a un monto que el comerciante pudiera pagar.

Pero una cifra resulta especialmente llamativa. Algunos establecimientos habrían sido presionados para entregar hasta $3 millones mensuales. Si ese pago se hubiera mantenido durante un año, representaría aproximadamente $36 millones por comerciante.

Y ahí aparece la verdadera dimensión del problema para la economía local. No se trata solamente del dinero entregado, sino del impacto que una exigencia de ese tamaño puede tener sobre un negocio, sus empleados y una familia que depende de sus ingresos.

Cinco capturas, pero la investigación todavía no termina

Los procedimientos se realizaron en Ibagué y Rionegro, Antioquia. Entre los capturados aparecen Jorge Morales, alias ‘El Paisa’, señalado como uno de los principales articuladores; José Lozano, alias ‘Carro Loco’, y German Taborda, alias ‘Tabo’. Wilson Duarte, alias ‘Paturro’, y Ferney Murillo, alias ‘Mafia’, se presentaron voluntariamente acompañados de sus abogados.

Las autoridades reportaron además más de 29 anotaciones judiciales acumuladas entre los cinco detenidos por diferentes delitos, entre ellos homicidio, extorsión, concierto para delinquir, porte de armas, tráfico de estupefacientes, hurto y fuga de presos.

Durante los operativos fueron incautados tres teléfonos celulares que ahora serán analizados como parte del proceso investigativo.

Sin embargo, el resultado más importante para los comerciantes podría estar en la información que todavía falta por descubrir.

Las autoridades buscan establecer si existen más víctimas de extorsión que nunca denunciaron por temor. Porque si hubo comerciantes que pagaron para evitar represalias, el número conocido hasta ahora podría ser apenas una parte de la historia.

Denunciar puede ayudar a saber hasta dónde llegó la red

Para quienes hayan recibido amenazas, hayan entregado dinero o hayan sido contactados bajo una modalidad similar, las autoridades habilitaron la línea 165 del GAULA, donde se puede reportar la situación de manera reservada.

Los cinco capturados quedaron a disposición de la Fiscalía y será la justicia la que determine su responsabilidad por los hechos investigados.

Por ahora, el operativo deja un resultado concreto: cinco personas deberán responder ante las autoridades. Pero para los comerciantes de Ibagué y Cajamarca queda un desafío todavía mayor: romper el silencio para que el miedo no siga siendo un negocio rentable para quienes amenazan.