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Alcaldía de Ibagué: ¿gana o pierde demandas por fallido puente de la calle 60?

El abogado Luis Felipe Aranzalez explica que el municipio tendría motivos para ganar. Sin embargo, advierte que la administración podría enfrentar dificultades con la demanda de la aseguradora.
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18 Mar 2025 - 8:33 COT por Ecos del Combeima

Un lío jurídico enfrenta la Alcaldía de Ibagué ante la ola de demandas en su contra por el polémico contrato del puente elevado de la calle 60 con carrera Quinta.

El abogado Luis Felipe Aranzalez explicó que actualmente hay tres demandas en curso, presentadas por el constructor, el 'Consorcio Puente Carrera Quinta' y la aseguradora Mundial de Seguros S.A., quienes alegan una afectación al debido proceso.

Pese a que las pretensiones de las demandas ascienden a casi $70.000 millones, el abogado aseguró que la Alcaldía de Ibagué tiene las de ganar.

"Estas demandas carecen de un fondo jurídico serio, empezando por las pretensiones, con demandas que calculan más de $50.000 millones, lo que es una locura", señaló Aranzalez.

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Sobre la demanda del contratista, el abogado la calificó de "tonta", ya que el monto solicitado podría hacer que las pretensiones no sean tenidas en cuenta.

"Yo solo puedo pedir los daños que me generaron como consecuencia inmediata de la ejecución o no del contrato", argumentó.

El talón de Aquiles de la Alcaldía

No obstante, entre los reclamos que podrían ser válidos por parte del contratista se encuentra la utilidad esperada o la aplicación de la cláusula penal, indicó Aranzalez.

Sin embargo, aclaró que para que la justicia falle a su favor, los demandantes deben demostrar que cumplieron con el proyecto.

"Y demostrar que cumplieron en todo el trayecto del proceso de contratación es difícil. (…) Tenemos la certeza de que, faltando 30 días para la terminación del contrato, el avance era cercano al 8%", dijo.

Aun así, la Alcaldía de Ibagué no la tendría tan fácil para ganar estas demandas, ya que, según el abogado, nunca se debió declarar el incumplimiento total del contrato.

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Aranzalez sugirió que la administración municipal debería considerar llegar a un acuerdo con el contratista y reconocer que el proceso de incumplimiento no se realizó correctamente.

"Hasta que suceda algo con la suspensión del contrato, los dineros no se pueden liberar", explicó.

Por otro lado, advirtió que la demanda más compleja para el municipio es la presentada por la aseguradora Mundial de Seguros S.A., que cuestiona la cláusula penal aplicada en el incumplimiento total.