El Ministerio de Agricultura concluyó la revisión y derogatoria de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, APPA, en todo el país. 

La medida libera cerca de un millón de hectáreas en 59 municipios de seis departamentos y devuelve a las autoridades locales la potestad de decidir sobre el uso del suelo rural.

El cierre se produjo con las decisiones sobre el norte del Tolima —más de 48.000 hectáreas en ocho municipios— y sobre Santander —más de 84.000 hectáreas en San Vicente de Chucurí y El Carmen de Chucurí—, según explicó el viceministro de Desarrollo Rural, José Leónidas Tobón. Se suman a las derogatorias ya ejecutadas en La Guajira, la Sabana Centro de Cundinamarca, el suroeste antioqueño y Córdoba.

El ministro Indalecio Dangond Baquero no ahorró calificativos. "Esta es una medida absurda que había implementado el anterior Gobierno de querer quitarle las funciones a los alcaldes y las entidades locales. Los dejamos nuevamente para que sean ellos los que decidan cómo hacer los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) y orienten la producción agrícola y pecuaria de sus municipios", afirmó.

Los argumentos técnicos

La revisión, adelantada por el Ministerio y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, UPRA, identificó imprecisiones cartográficas en la delimitación de las APPA, dificultades de articulación con los instrumentos de ordenamiento territorial y cuestionamientos sobre la participación de las comunidades en decisiones que afectaban sus actividades económicas.

El Gobierno sostiene que la protección de la producción de alimentos no puede convertirse en una herramienta de imposición desde el nivel central ni desconocer las competencias de alcaldes y concejos. 

Dangond añadió que el objetivo es una política rural que no enfrente la agricultura con otras actividades, sino que identifique oportunidades regionales, impulse la agroindustria y atraiga inversión.

Qué sigue vigente

El Ministerio aclaró que la derogatoria no implica renunciar a la protección del suelo rural ni al derecho humano a la alimentación: siguen en pie las disposiciones ambientales, las categorías de protección del suelo y los instrumentos de ordenamiento territorial aplicables.

Ese es el punto donde la discusión se vuelve técnica y, por lo mismo, decisiva. Las APPA funcionaban como un candado adicional sobre suelos de vocación agropecuaria frente a la expansión urbanística, minera y de grandes proyectos. Sin ese candado, la protección depende ahora de lo que cada POT establezca.

La trampa de la autonomía

Hay un problema de capacidad que el discurso de la autonomía territorial no resuelve. Muchos de los 59 municipios involucrados son pequeños, con oficinas de planeación mínimas, catastros desactualizados y concejos sin asistencia técnica. Devolverles la competencia sin recursos ni acompañamiento puede traducirse en dos escenarios: POT que nunca se actualizan, o POT capturados por el interés económico de turno.

También queda abierta la pregunta por la especulación. Un millón de hectáreas que dejan de estar bajo una figura de protección restrictiva son, de inmediato, un millón de hectáreas atractivas para compra de tierras con expectativa de cambio de uso.

El costo político

Para el Gobierno, la medida tiene rendimiento doble: cumple una promesa de campaña, complace a gremios agropecuarios y municipales y golpea simbólicamente al Ejecutivo anterior. 

Para la oposición, en cambio, ofrece un argumento sencillo de recordar: un millón de hectáreas sin protección específica, justo cuando la seguridad alimentaria vuelve al centro del debate.

Lo que definirá el balance es un dato que aún no existe: cuántos de esos 59 municipios logran incorporar la decisión en sus POT en los próximos dos años. Si la respuesta es baja, la autonomía habrá quedado en el papel y el suelo, otra vez, a la deriva.