La iniciativa fue radicada oficialmente ante la Cámara de Representantes con el firme propósito de ordenar el marco regulatorio, unificar cargas tributarias y potenciar la competitividad de una industria clave que hoy enfrenta una tasa de informalidad del 76,2 %.

El proyecto cuenta con un respaldo multipartidista sin precedentes, siendo presentado de manera conjunta por congresistas de diversas visiones políticas —incluyendo a los partidos Centro Democrático, Partido Liberal, Creemos y Alianza Verde—, lo que confirma que el fomento y la formalización de la gastronomía nacional es una prioridad inaplazable de Estado.

Un motor estratégico sin una brújula normativa unificada

Actualmente, Colombia carece de una ley marco especializada a pesar de que el sector de alojamiento y servicios de comida representa el 3,9 % del PIB, genera 1,83 millones de ocupados (equivalentes al 7,6 % del total nacional), aporta el 9,8 % del empleo joven y cuenta con una fuerza laboral compuesta en un 68 % por mujeres.

Sin embargo, el crecimiento de la industria choca contra un muro burocrático: la exposición de motivos identifica 235 normas vigentes dispersas entre múltiples autoridades, generando duplicidad de requisitos, sobrecostos y un laberinto regulatorio. Como dato clave del impacto intersectorial, se destaca que por cada peso de demanda final en gastronomía se activan $1,22 de producción agropecuaria.

Seis ejes transformadores de la nueva ley

La iniciativa no crea un régimen paralelo ni relaja los controles sanitarios o ambientales; por el contrario, propone racionalizar y hacer proporcionales las exigencias a través de seis pilares fundamentales:

1. Institucionalidad: Creación de la Cuenta Satélite de Gastronomía (en articulación con el DANE y el MinCIT), la constitución de la Corporación Colombia Gastronómica (como entidad mixta de articulación gremial) y la figura gratuita del Defensor del Cliente Gastronómico.

2. Simplificación y Racionalización Regulatoria: Implementación de Guías de Orientación Gastronómica en una plataforma digital única y la creación de una Ventanilla Única Territorial Gastronómica con un tiempo máximo de respuesta de 30 días hábiles para trámites de funcionamiento.

3. Clasificación Sanitaria y Ambiental: Ajuste de los requisitos y frecuencias de inspección según el nivel de riesgo real de cada establecimiento, junto con una reglamentación técnica diferenciada para aguas residuales.

4. Formación y Cualificación: Condiciones de formación flexibles y proporcionales para oficios gastronómicos dentro del Subsistema de Formación para el Trabajo.

5. Infraestructuras Gastronómicas: Uso complementario de antejardines, habilitación temporal de espacios de carga y descarga, áreas adaptadas para mascotas bajo estrictas normas de inocuidad y lineamientos especiales para bienes de interés cultural.

6. Incentivos a la Inversión y Unificación Tributaria: Para corregir la asimetría actual (donde las franquicias pagan 19 % de IVA, los independientes pagan 8 % de impoconsumo sin descontables, y el régimen SIMPLE opera bajo otra tarifa), el proyecto propone unificar los servicios en una tarifa única del 5 % de IVA con derecho a impuestos descontables. Asimismo, se crea un Certificado de Inversión Gastronómica como estímulo fiscal deducible del impuesto de renta para proyectos aprobados.