El Consejo Gremial Nacional expresó su preocupación por el proyecto de decreto que pretende modificar el mecanismo de autorretención y aumentar las bases mínimas de retención en la fuente. 

A juicio de los empresarios esta medida, lejos de representar una solución estructural, es una maniobra de caja sin sustento técnico, sin visión de largo plazo y con serias consecuencias para la economía nacional.

“Lo que propone el Gobierno equivale a pedirle al país productivo un crédito forzado para financiar el déficit fiscal generado por su ineficiencia en la ejecución del gasto público. Se trata, en la práctica, de una reforma tributaria encubierta que traslada la carga a quienes cumplen, producen y generan ingresos”, señaló el Consejo Gremial Nacional.

La retención en la fuente no es un impuesto adicional, es un anticipo. Es un cobro adelantado sobre ingresos que ni siquiera se han terminado de consolidar. Esta propuesta castiga el flujo de caja de empresas, trabajadores formales, independientes y pequeños comerciantes, señaló la organización empresarial.

La medida afecta directamente el consumo, el ahorro y la inversión, pilares fundamentales para el crecimiento y la formalización de la economía.

Más preocupante aún es que, según estimaciones de Fedesarrollo, esta modificación implicaría un adelanto de impuestos de 2026 por $13,9 billones (0,8 % del PIB), repitiendo el error fiscal de 2023. Esta operación agravaría el hueco fiscal en 2026 y pondría en riesgo el cumplimiento de la regla fiscal y la calificación crediticia del país.

El Consejo Gremial Nacional advierte sobre las implicaciones jurídicas del proyecto de decreto, en particular la aplicación de una autorretención del 3.5 % a entidades no contribuyentes del impuesto sobre la renta, como las del artículo 23 del Estatuto Tributario. 

Al no existir un impuesto a cargo, este anticipo se convierte en un pago sin causa tributaria, contrariando el principio de legalidad. Además, la medida no prevé mecanismos de compensación ni beneficios, lo que afecta directamente el flujo de caja de organizaciones sin ánimo de lucro. 

Este cambio alteraría sustancialmente el régimen fiscal vigente, sin una reforma legal que lo sustente, y por tanto requiere una revisión jurídica y técnica a fondo.

Finalmente, hacemos un llamado firme al Gobierno Nacional para que ajuste el gasto y priorice la inversión eficiente, respetando los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal.