El sector transporte de carga amenazó con no asistir a más mesas de negociación con el Gobierno ante el incumplimiento de un acuerdo pactado el año pasado.

Doce de los gremios más representativos de los transportadores en Colombia se mostraron contrarios a la posibilidad de que el Gobierno a través de una resolución ajuste las tarifas del impuesto nacional a los combustibles, por intermedio de la, DIAN, lo que constituye en una flagrante violación al punto 3 de los acuerdos firmados. 

En un comunicado las asociaciones de transportadores aseguraron que “Rechazamos el proyecto de decreto que pretende incrementar los aranceles para los vehículos y las Autopartes, esto va en contravía de la búsqueda de la justicia y equidad para el país”. 

Igualmente manifestaron su rechazo a la eliminación del artículo 5º de la ley 336 de 1996, donde se atenta contra la permanencia del transporte público como un servicio esencial para el país.

El gobierno mediante anuncios realizados por la ministra de Transporte, manifiesta que ya están los dineros para pagar a quienes desintegraron sus camiones y no hay resultados, no hay explicación por qué se niegan a pagar a los camioneros sabiendo que “el dinero es nuestro y no del gobierno”, sostuvieron los gremios. 

Resaltaron el cumplimiento de la agenda, pero indicaron que es evidente la intención del gobierno nacional de implementar unas estrategias de medios técnicos y políticos para incumplir a los transportadores, como por ejemplo justificar el aumento del diésel, aranceles y los peajes con el argumento de que algunos no están en los acuerdos, así nos traicionan. 

Señalaron que a pesar de lo acordado, el gobierno por otros medios hace todo lo contrario, publicando actos administrativos y acciones que solo destruyen lo acordado, esto a juicio de las organizaciones empresariales es inaceptable, y es una burla a los camioneros. 

Pidieron una reunión con el presidente, Gustavo Petro Urrego y los ministros de Hacienda, Trabajo, del Interior y Transportes, así mismo los garantes, Procuraduría y Defensoría del Pueblo, teniendo en cuenta que los acuerdos se firmaron con el estado y esto los hace vinculantes, para que los funcionarios del estado respondan por su incumplimiento a los acuerdos suscritos hace varios meses.