La Contraloría evidenció hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal por 600 millones de pesos  en un convenio celebrado entre la Secretaría de Tránsito y la corporación Mí Ciudad en el año 2015.

Los recursos fueron asignados con el fin de sensibilizar a la población de movilidad reducida en seguridad vial y cultura ciudadana para la transitabilidad en la capital del Tolima. 

Dice la Contraloría en su informe:

"Por la gestión antieconómica, ineficaz, e ineficiente, por no soportar adecuadamente las actividades de acuerdo a la ejecución financiera, de tal manera que no se encontró en la carpeta los documentos que permitan comprobar el cumplimiento del objeto y obligaciones de la minuta. Aunque se presenta información que se adelantó las actividades, no se evidencia que exista justificación del monto asignado a cada una de las actividades, la mayoría de los soportes de pago que involucran esta actividad no son idóneos y carecen de validez exigida por la técnica contable. No se aporta estudio de costos que permita identificar si las actividades realizadas por los precios incluidos en el convenio, permiten mantener los principios de eficiencia, eficacia y economía. No obstante, se procedió realizar el convenio y el pago de las actividades al precio acordado".

Además se evidencio segun la Contraloría que no existió una supervisión adecuada como actividad encomendada para la vigilancia y control de manera permanente del desarrollo del objeto contractual, al no exigir informes completos e idóneos, con documentos acordes que evidencien su ejecución durante la contratación, e incumplimiento del Principio de la función administrativa y de la Gestión Fiscal de Economía.