“Aquí no le vamos a entregar este país al comunismo, no va a ver impunidad, aquí las Farc van a entregar hasta la última pistola, por supuesto que sí, de eso se trata”, aseguró el presidente Juan Manuel Santos. 

También fue vehemente al rechazar de tajo la existencia de acuerdos desconocidos.  

“Aquí no hay acuerdos secretos, porque están diciendo: ‘no, es que Santos acordó con “Timochenko” tal cosa, tal otra’. No hay ningún acuerdo secreto”, recalcó.

Igualmente, desvirtuó supuestos acuerdos sobre cambios en los ministerios o la reducción de la Fuerza Pública, y recordó que una de las líneas rojas por él puesta, es que “no se negocian las Fuerzas Militares o la Policía” como ocurrió en otras latitudes. 

Pero, continuó, “no solamente no se negocian, sino que vamos a fortalecerlas porque las necesitamos” y agregó que tales efectivos libres de la guerra se dedicarán a proteger a los ciudadanos de a pie.

Falsedades y mentiras

El Mandatario también aseveró que “es mentira, es absolutamente falso que les vayamos a dar un sueldo a los guerrilleros de un millón 800 mil pesos. Por supuesto todos los colombianos que ganan menos, dijeron: ‘uy, ¿y nosotros qué?, ser bandidos entonces paga’. Mentira. Esas son mentiras que han venido sembrando”.

El Jefe del Estado señaló que no es cierto que la justicia transicional equipare a los miembros de la Fuerza Pública con los insurgentes.

“Mentiras esa justicia transicional hace todo lo contrario (…), esa justicia, y quedó ahí establecido, presume, o sea punto de partida, que todo lo que ha hecho la guerrilla a través de toda su historia ha sido ilegal”

Y, agregó, “todo lo que ha hecho la Fuerza Pública se presume legal, porque la Fuerza Pública, nuestros soldados de tierra, mar y aire, nuestros policías, lo que hacen es defender nuestra Constitución, nuestras leyes y por eso son dos polos opuestos”.

Señaló que él no va a permitir, como ocurrió en otras oportunidades, que los guerrilleros salen a hacer política y los soldados para la cárcel.

Por eso, concluyó el Presidente Santos, la justicia transicional “tiene unos beneficios equivalentes pero dos puntos de partida completamente distintos”.