Esta vez, el reconocido Ingeniero civil, Eduardo Rodríguez, en entrevista con el equipo periodístico de Econoticias, dio sus apreciaciones sobre lo que considera una obra mal concebida y una pésima inversión.

El cierre de la calle 10 entre las avenidas 4ta y 2da, para corregir los errores de la pasada obra causó desazón en la población Ibaguereña, especialmente porque el tráfico y los problemas de movilidad se acentúan con esta medida. “La plata se debió invertir en cosas necesarias como el acueducto o para suplir lo que la sociedad ibaguereña necesita” afirmó el ingeniero, consciente de que se prevé que esta obra será finalizada en algo más de un mes.

“No es una calle para poner adoquín porque el tráfico y el flujo vehicular en ese sector es muy alto, el adoquín está bien cuando se quiere peatonizar, pero no para utilizarlo en una vía principal” aseveró Rodríguez quien considera que el problema causante de este error fue que no se hicieron las observaciones ni revisiones pertinentes frente al diseño ni mucho menos a los materiales, algo de suma importancia teniendo en cuenta que este tipo de obras son altamente costosas.

Sin embargo, a su parecer, es la Gestora Urbana y el diseñador de la obra quienes son directamente responsables de los errores cometidos pues asegura que la ingeniería no debe tratarse únicamente de la seguridad sino también de asuntos económicos que claramente no fueron del todo tenidos en cuenta en este proyecto. “No es culpa de el Alcalde Botero, él sólo da unas ordenes” opinó. 

Igualmente, el ingeniero Rodríguez aseguró que faltó atención por parte del comité técnico para que hubiera claridad tanto en los diseños como en su instalación y por ende una mejor supervisión a la obra. “Eso no tiene arena y debería tenerla, para la instalación de adoquines hay unas especificaciones técnicas que no fueron tenidas en cuenta y por eso hoy estamos de nuevo en conflicto” sostuvo.

Según Rodríguez, las irregularidades en la ejecución de esta obra se deben a que la contratación no fue efectiva y buscando la evasión de la ley 80 de contratación y los últimos decretos que cierran las puertas para los contratistas corruptos que quieren obviar diferentes fases del proceso.