El secretario Edward Amaya  manifestó que esta no es una decisión que toma propiamente el Alcalde de la Ciudad, Jesús María Botero, sino los integrantes del Puesto de Mando Unificado quienes son los responsables de propender por la seguridad y tranquilidad de los asistentes al espectáculo deportivo.

“Además del mal comportamiento de las barras fuera del estadio, hay una situación que ustedes desconocen, y es que las barras de Nacional de Medellín y las de Bogotá son enemigas y tenemos que dividirlos porque si están juntas se agreden” y manifestó al respecto que por la remodelación que se está haciendo al estadio Manuel Murillo Toro, no hay la estructura suficiente para hacer tal separación, a lo que se le suma que no existe un personal de logística suficiente para atender esta situación.

Aunque se comenta que de ser echada para atrás la medida, el Secretario Amaya se vería obligado a presentar su renuncia, el anunció que se siente seguro de que eso no sucederá y por ende no renunciará.

“Las familias que iban y lo llenaban no volvieron al estadio porque eso es una tragedia, les toca ver las actitudes grotescas y violentas de malandrines”. Aseguro Edward Amaya quien confirmó que probablemente el próximo jueves se tome la decisión de prohibir el ingreso igualmente a personas que tengan distintivos del equipo visitante. “Esto es algo que ya se había acordado desde el año pasado con Patricia Hernández, la Directora Comercial  del Deportes Tolima” comentó frente a la prohibición del ingreso de barras bravas de los equipos América de Cali y Nacional.

Con respecto a las amenazas hechas a la Gerente de la Gestora Urbana, Martha Duque ante la situación de la ocupación de las viviendas del barrio Castilla, el Secretario de Gobierno anunció que igualmente tanto él, como el Director de Espacio Público y el de Justicia de la ciudad estaban amenazados por personas que lideran esa invasión. “Eso no nos asusta, nosotros asumimos el cargo con todos las implicaciones y el que esté asustado que se vaya” aseguró, agregando que se continuará con los  desalojos en la medida en que un juez lo ordene.