Desde la administración de Jesús María Botero estaba trabado el proceso del de la fase uno del acueducto complementario por el polémico contrato 060 firmado con el consorcio Acualterno para desarrollar la instalación de 4.7 kilómetros de tubería como parte de la solución al problema del agua.

El contrato por 6.300 millones en la actualidad es investigado minuciosamente por la Contraloría General de la Republica por las aparentes irregularidades encontradas como también debido a que en este documento se evidenciaron unos famosos asteriscos que hacían alusión a valores que no se establecieron porque al momento de adjudicar no se tenían estudios y mucho menos los diseños, situación que deja claro que no hubo una verdadera planeación.

El funcionario que está implicado es esta situación es el ex gerente del Ibal, Libardo Gutiérrez quien para esa época fue quien en representación de la empresa de Acueducto y Alcantarillado entregó este polémico proceso contractual. 

“Esta es una liquidación de un contrato bastante raro, el capítulo uno de este contrato reconocía que se contrataba esa obra sin diseños de ingeniería y además indicaba en una de sus parte que los costos se iban a establecer cuando se realizaran los estudios, esta situación llevó a que este contrato pasará a valer más de 18 mil millones de pesos y colocó al municipio en un problema jurídico que hasta ahora se puede resolver”, indicó Carlos José Corral, gerente del Ibal.

Nunca hubo adición

“Se propuso una adición en el año 2014 por 3.200 millones de pesos pero no fue legalizada y termino siendo una propuesta sin desarrollar y por esto al final logramos el acuerdo de liquidación bilateral”, manifestó Corral.

Al Consorcio Acualterno el Ibal en estos años le giró 3.500 millones de pesos por trabajos desarrollados del proceso de instalación de parte de la tubería de los 4,7 kilómetros establecidos en el contrato 060. “Vamos a pagarle a este consorcio 1.700 millones de pesos como parte del acuerdo logrado en la negociación jurídica y que son legales. Hay unos puntos en los que nos quedamos de acuerdo y serán ellos quienes determinen si hacen algún trámite judicial”, puntualizó Corral en diálogo con Econoticias.