La Personera de Ibagué, Francy Johanna Ardila Salazar, solicitó al Consejo de Estado el trámite de sentencia anticipada, en el caso de la Acción Popular que instauró desde el año 2021, con el propósito de salvaguardar la existencia de quienes con ideación suicida se acercan al “Puente de la Vida.”

Vale la pena recordar que el 26 de enero de 2023, el Tribunal Administrativo del Tolima amparó los Derechos Colectivos invocados mediante dicho mecanismo judicial, declarando en primera instancia que la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, la Sociedad APP GICA y el Municipio de Ibagué son responsables de la vulneración de los derechos colectivos a la seguridad y salubridad pública, de la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.

Posteriormente, los accionados presentaron el recurso de apelación, por lo que actualmente se espera la decisión de fondo por parte del Alto Tribunal.

La reiterada ocurrencia de eventos fatídicos en los últimos días en el puente de la variante, pone una vez más al descubierto, la urgente necesidad de implementar medidas que ayuden a disuadir los comportamientos autodestructivos, como la instalación de obstáculos que impidan a las personas acceder a la estructura para lanzarse al vacío.

Es por esto que la Personera Municipal consideró la pertinencia de presentar ante el despacho del magistrado Roberto Augusto Serrato Valdés, quien es el consejero ponente de la Sección Primera del Consejo de Estado, la solicitud de imprimir el trámite de sentencia anticipada o prelación de fallo, prevista en el inciso primero del artículo 18 de la ley 446 de 1998 con el objeto de que se otorgue un tratamiento especial a este proceso, que permita que sea resuelto con suma prioridad.