Un grupo de extrabajadoras del Colegio Gimnasio Eagle Tech, ubicado en el sector de Piedra Pintada parte baja en Ibagué, ha presentado una denuncia pública en contra de la rectora Carolina Castillo Lozano y su familia, dueños y representantes legales de la institución. Las denunciantes, quienes prefieren mantener el anonimato por temor a represalias, buscan advertir a otras profesionales y estudiantes de pedagogía infantil sobre las condiciones laborales en dicho colegio.

El colegio que opera en Piedra Pintada desde 2018, ha sido señalado por diversas irregularidades en la contratación y el pago de seguros sociales (ARL y EPS) a sus trabajadoras incluyendo personal de apoyo y auxiliares. Según las denunciantes, la rectora Castillo Lozano retrasa la firma de contratos durante meses y, en muchos casos no formaliza la contratación. "Ante accidentes o urgencias médicas, alega problemas en la planilla y opta por cubrir los costos de manera particular", señaló una de las denunciantes.

Las extrabajadoras describen jornadas laborales extenuantes, de 7 a.m. a 6 p.m., sin permisos por calamidad familiar, y denuncian el uso de cámaras de vigilancia para controlar al personal, la confiscación de celulares y el incumplimiento en el pago de sueldos. A pesar de que los salarios deben pagarse quincenalmente, muchas trabajadoras han acumulado hasta tres quincenas sin recibir pago, bajo la excusa de morosidad por parte de los padres de familia. Sin embargo, las denunciantes aseguran que muchos padres pagan el año completo y acusan a la rectora de malgastar los fondos en gastos personales.

Actualmente, más de diez extrabajadoras no han recibido liquidaciones, licencias de maternidad ni pago por días y semanas trabajadas. Esta situación ha llevado a que el colegio se quede sin planta docente, ya que coordinadoras, psicólogas, profesoras y personal de servicios generales han renunciado debido a la falta de honestidad de la rectora.

Las extrabajadoras solicitan justicia y prioridad en sus denuncias por parte de la Oficina del Trabajo. Además, hacen un llamado a la Secretaría de Educación para que investigue la legalidad del colegio. A pesar de las denuncias presentadas ante esta entidad, la rectora Castillo Lozano ha logrado convencer a las autoridades de que todo está en orden.

Desde 2021, varias trabajadoras esperan su liquidación y el pago de sueldos atrasados. Las que han recibido algún pago lo han conseguido solo tras denunciar o rechazar acuerdos propuestos por la rectora. Casos recientes incluyen una auxiliar que sufrió una caída sin poder activar su ARL y trabajadoras que no han podido acceder a servicios médicos debido a la falta de pago a las EPS.