Madre de una niña fallecida en Ibagué denuncia presuntas fallas médicas y cuestiona decisión judicial
Una madre ibaguereña vuelve a pedir respuestas por la muerte de su hija, ocurrida en diciembre de 2019. Se trata de Marcela Solórzano, quien denuncia presuntas fallas en la atención médica que recibió su pequeña Victoria, así como dificultades para acceder a los especialistas y medicamentos que necesitaba durante sus primeros meses de vida.
Según su relato, durante el embarazo, en 2019, estaba afiliada a la desaparecida EPS Coomeva, en el régimen contributivo. La especialista que llevaba su caso le ordenó exámenes de alta complejidad debido a que se trataba de un embarazo de alto riesgo. Sin embargo, asegura que tuvo que acudir a acciones de tutela porque la EPS no autorizaba oportunamente los servicios requeridos.
Victoria nació el 8 de agosto de 2019 y, al día siguiente, fue remitida a una unidad de cuidados intensivos neonatales. Marcela cuenta que en Ibagué no encontró la atención especializada que su hija necesitaba, particularmente por la ausencia de un electrofisiólogo pediátrico disponible para atenderla a través de su EPS.
Por esta razón, la niña fue trasladada a la Fundación Cardioinfantil, en Bogotá, donde permaneció hospitalizada hasta el 28 de agosto. Al salir, tenía orden de seguimiento mensual por electrofisiología y requería medicamentos y controles especializados.
Una atención que, según la madre, nunca llegó a tiempo
Marcela sostiene que durante los cuatro meses de vida de Victoria presentó múltiples tutelas para conseguir los medicamentos y las consultas necesarias. Afirma que, pese a las acciones judiciales y a las mesas de trabajo realizadas con distintas entidades, su hija solamente alcanzó a ser valorada una vez por un electrofisiólogo.
La menor falleció el 20 de diciembre de 2019, después de ser atendida en el Hospital Federico Lleras Acosta. La madre también señala que, de acuerdo con un dictamen pericial incorporado al proceso, Victoria habría adquirido una bacteria durante su estancia en la unidad de cuidados intensivos de ese centro asistencial, situación que habría agravado su estado de salud.
La controversia llegó a los estrados judiciales
Tras la muerte de su hija, Solórzano acudió a la justicia y promovió acciones para que se investigaran las circunstancias de la atención médica. En su denuncia, asegura que dentro del proceso penal hubo actuaciones contra un exdirectivo de Coomeva y que este se acogió al principio de oportunidad el 5 de junio del año pasado.
De manera paralela, inició un proceso administrativo de reparación directa ante el Juzgado Once Administrativo de Ibagué. Según explica, allí se practicaron pruebas periciales para establecer las circunstancias relacionadas con la atención de la menor.
Sin embargo, su inconformidad más reciente tiene que ver con una decisión del 5 de noviembre, mediante la cual, según afirma, fue condenada en costas dentro del proceso. La madre cuestiona que no se hubiera vinculado a quien representa los intereses de la EPS en liquidación, pues considera que todavía existen recursos y responsables por esclarecer.
Ahora anuncia que acudirá a la segunda instancia y pide a los magistrados revisar su caso. También hizo un llamado a las autoridades nacionales y departamentales para que revisen las condiciones de atención pediátrica y la disponibilidad de servicios especializados en Ibagué.
“Victoria murió esperando un electrofisiólogo que la vio solamente una vez en vida”, es el reclamo de Marcela, quien asegura que, después de perder a su hija, ahora siente que también debe enfrentar una decisión judicial que considera injusta.
Su petición es que se revisen las actuaciones de la EPS, la atención recibida en el hospital y las decisiones adoptadas dentro del proceso judicial.