La posibilidad de restringir el parrillero hombre en motocicletas en Ibagué comienza a generar posiciones encontradas. Mientras la Administración Municipal considera que limitar esta práctica en determinados sectores y horarios podría fortalecer las estrategias de seguridad, ciudadanos, trabajadores informales y representantes políticos advierten que la medida también tendría consecuencias sobre la movilidad, la economía de los hogares y las oportunidades de ingreso de quienes dependen de una motocicleta.

La propuesta, que todavía se encuentra en estudio, fue planteada por la Secretaría de Gobierno como una alternativa frente a los hechos delictivos en los que, según las autoridades, se estaría utilizando este medio de transporte. La discusión cobra especial relevancia ante la proximidad de la temporada decembrina, cuando aumenta la movilidad y también las actividades nocturnas en la ciudad.

La Alcaldía busca una medida focalizada

En entrevista con  Ecos del Combeima, Sergio Saavedra, director de Seguridad y Convivencia Ciudadana, explicó que la Administración analiza una posible restricción teniendo en cuenta los sectores y horarios en los que se han identificado comportamientos delictivos recurrentes.

Las comunas 6, 7, 8 y 9, así como la franja comprendida entre las 7:00 de la noche y la medianoche, hacen parte de los puntos que están bajo análisis. La propuesta no sería necesariamente una prohibición generalizada para toda la ciudad, sino una medida focalizada, cuyos alcances todavía deben definirse.

Saavedra también confirmó que se está revisando una experiencia normativa de otra ciudad como referencia para estudiar la viabilidad de la decisión. Sin embargo, la Administración tendrá que precisar las condiciones de aplicación, los horarios, las excepciones y los mecanismos de control.

El argumento central es que las motocicletas estarían siendo utilizadas en algunos hechos de hurto y homicidio, situación que, de acuerdo con las autoridades, amerita fortalecer las medidas de prevención y vigilancia.

Los ciudadanos advierten sobre el impacto en la vida cotidiana

En un recorrido por las calles de Ibagué, Ecos del Combeima consultó a los ciudadanos sobre la posibilidad de restringir el parrillero. Las opiniones evidenciaron que no existe una posición unánime frente a la propuesta.

Sandra Gómez, comerciante de la ciudad, consideró que la medida puede ser conveniente en el actual contexto de inseguridad. A su juicio, el incremento de motocicletas y algunas prácticas asociadas a las rodadas en distintos sectores, como La Pola y la vía al aeropuerto, han contribuido a generar desorden y preocupación entre los habitantes.

También señaló que la proximidad de las fiestas decembrinas, periodo en el que aumenta el consumo de licor y las actividades nocturnas, hace necesario reforzar los controles.

Sin embargo, Gómez reconoció que una restricción tendría efectos sobre quienes dependen de la motocicleta para generar ingresos y advirtió que la respuesta institucional no debería limitarse a prohibir. En su opinión, también se necesita trabajar en prevención, sensibilización y cultura ciudadana, tanto entre conductores como entre peatones.

La comerciante también reconoció que podría existir una estigmatización hacia los motociclistas, aunque considera que algunos utilizan este medio de transporte para cometer delitos. Su postura refleja una de las principales tensiones del debate: diferenciar a quienes hacen un uso legítimo de la motocicleta de quienes la convierten en una herramienta para delinquir.

Entre quienes expresaron su desacuerdo, una de las principales preocupaciones tiene que ver con las actividades cotidianas. Para muchas familias, la motocicleta no es un vehículo recreativo, sino el medio con el que un integrante lleva a sus hijos al colegio, acompaña a su pareja al trabajo o resuelve los desplazamientos del hogar.

El trabajo informal, otro frente de preocupación

El posible impacto económico también aparece entre los argumentos de quienes rechazan la restricción. Conductores que trabajan mediante plataformas de transporte y personas dedicadas al mototaxismo advierten que limitar el parrillero, incluso por sectores y horarios, podría reducir sus posibilidades de conseguir ingresos.

En una ciudad donde el desempleo y la informalidad representan preocupaciones para numerosos hogares, algunos motociclistas consideran que esta actividad constituye su principal alternativa para llevar dinero a sus familias.

La inquietud es que una restricción que impida transportar pasajeros en determinados lugares o momentos termine afectando directamente a quienes dependen de ese servicio para subsistir. Para este sector, el debate no puede limitarse a las cifras de seguridad: también debe contemplar las condiciones económicas de quienes utilizan la motocicleta como herramienta de trabajo.

Además, representantes de sectores vinculados al motociclismo cuestionan que se relacione de manera generalizada la inseguridad con el uso de motocicletas. Advierten que hacerlo puede terminar estigmatizando a una población numerosa que no tiene responsabilidad en los delitos que se cometen en la ciudad.

Jorge Bolívar se opone y cuestiona la estrategia de seguridad

Una de las voces políticas que se manifestó en contra fue la del concejal Jorge Bolívar, quien calificó la propuesta como una medida que trasladaría a los ciudadanos las consecuencias de las dificultades que, a su juicio, enfrenta la Administración Municipal en materia de seguridad.

El cabildante aseguró que Ibagué cuenta con más de 140.000 personas que tienen motocicleta y sostuvo que, para la mayoría, este vehículo responde a una necesidad económica y de movilidad, no a un gusto o actividad recreativa.

Bolívar cuestionó que la restricción termine afectando a familias que utilizan la moto para llevar a sus hijos al colegio, transportar a sus parejas al trabajo o desplazarse a sus actividades laborales. También consideró que la medida podría incrementar los gastos de los hogares que tendrían que buscar otras alternativas de transporte.

El concejal planteó que la Administración debería concentrarse en fortalecer la presencia institucional y las capacidades de investigación y vigilancia, en lugar de limitar el transporte de los ciudadanos.

Entre sus propuestas mencionó la instalación de CAI móviles en los sectores con mayores dificultades de seguridad, el trabajo articulado entre la Policía y el Ejército, el aumento de los puestos de control y una mayor utilización de herramientas tecnológicas para identificar rostros y placas de vehículos.

También cuestionó el funcionamiento del sistema de videovigilancia de la ciudad. Según afirmó, menos del 40 % de las aproximadamente 700 cámaras de Ibagué estaría funcionando, por lo que pidió invertir en su mantenimiento y recuperación. Esta cifra corresponde a su denuncia y requiere contrastación con la Administración Municipal.

Bolívar insistió en que la alcaldesa debe establecer una ruta de seguridad con objetivos claros y continuidad institucional, en lugar de depender de estrategias que cambian con la rotación de los funcionarios de Gobierno.

¿Seguridad a costa de la movilidad?

El debate deja una pregunta de fondo: ¿hasta qué punto una restricción al parrillero puede contribuir a mejorar la seguridad sin afectar de manera desproporcionada a quienes utilizan la motocicleta para sus actividades diarias?

La preocupación de las autoridades no puede desconocerse. Si existen patrones delictivos en los que se utiliza una motocicleta con acompañante, resulta necesario que la Administración y la Policía evalúen herramientas para prevenirlos y responder a ellos. Sin embargo, una medida de esta naturaleza necesita estar respaldada por información verificable, delimitaciones claras y criterios que permitan evaluar su efectividad.

También será necesario establecer cómo se protegerá a los trabajadores y a las familias que dependen de este medio de transporte, qué excepciones se contemplarían y de qué manera se evitará que la restricción termine convirtiéndose en una afectación general para personas que no tienen relación con actividades delincuenciales.

La seguridad ciudadana y la movilidad no deberían plantearse como necesidades incompatibles. El reto institucional consiste en diseñar estrategias que permitan enfrentar a quienes cometen delitos sin convertir a todos los motociclistas en objeto de sospecha.

Por ahora, la restricción al parrillero hombre no ha sido adoptada oficialmente en Ibagué. La Alcaldía continúa evaluando su alcance y deberá explicar las razones técnicas y jurídicas que sustentarían la decisión. Mientras tanto, las voces recogidas en las calles dejan claro que la discusión no se limita a una medida de tránsito: también involucra el empleo, la economía familiar, la percepción de inseguridad y la confianza de los ciudadanos en la capacidad de las autoridades para protegerlos.