La venta de elementos desmontados de la infraestructura del colegio José Antonio Ricaurte de Ibagué terminó con una sanción disciplinaria para su rector. La Procuraduría General de la Nación impuso en primera instancia una suspensión de dos meses a Florencio Cruz Vélez, al encontrar irregularidades en el proceso adelantado en mayo de 2022.

La investigación estableció que, para vender esos materiales, no se hizo un estudio de precios de mercado que justificara cuánto valían los elementos. Tampoco se publicaron los documentos del procedimiento en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP).

En otras palabras, según el fallo de la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Ibagué, la operación se realizó sin dos elementos clave para garantizar que la venta tuviera un valor sustentado y pudiera ser conocida públicamente.

Un caso que ya tenía antecedentes

La situación no era nueva. En enero de 2024, la Procuraduría había formulado cargos contra Cruz Vélez por presuntas irregularidades en el desmonte de distintos componentes de la infraestructura educativa.

En ese momento, el organismo mencionó el retiro de puertas, ventanas, cubiertas, tejas, cerchas y luminarias, además de cuestionamientos por la venta de esos elementos.

Ahora, el proceso disciplinario llegó a un fallo de primera instancia que impone al rector una suspensión de dos meses. La Procuraduría consideró que las actuaciones desconocieron los principios de transparencia, publicidad y responsabilidad que rigen la contratación pública. 

La decisión todavía puede ser apelada, por lo que no está en firme.

Hay, además, una inconsistencia en el boletín divulgado por la entidad: en un apartado señala que la conducta fue calificada como falta grave cometida a título de culpa grave, pero más adelante la menciona como falta gravísima bajo el mismo título de culpabilidad. La Procuraduría deberá precisar esa clasificación.