La fórmula de la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, para librarse el 'espinoso' puente elevado de la calle 60 con carrera Quinta por medio de la declaración de incumplimiento total al contrato, podría salirle mal a la mandataria. (Ver más: Alcaldía le pone 'tatequieto' al contratista de la 60 y declara incumplimiento)

Esa es la tesis del respetado abogado Luis Felipe Aranzalez, quien indicó que las decisiones que tomó la Administración Municipal no se realizaron con rigor jurídico y, por lo tanto, están expuestos a una demanda del Consorcio Puente Carrera Quinta que terminaría en una millonaria indemnización.

"Nos exponemos a que demanden este acto administrativo y que finalmente tengamos los ciudadanos, a través del erario, pagarle sus indemnizaciones", sostuvo el abogado.

De acuerdo con Aranzalez, se cometió el error de declarar el incumplimiento total cuando se ha reconocido que la inversión realizada, a nivel de ejecución, es cercana al 5%.  "Ese acto administrativo está mal", agregó.

Aspectos que también se habrían ignorado, aseguró el abogado, y que son delicados, estarían relacionados con el tiempo de suspensión del contrato y los ajustes a los diseños del proyecto.

Aunque el abogado no negó que este tipo de determinaciones se puedan tomar influenciadas por aspectos políticos, fue claro en que esta apresurada cura puede terminar peor que la enfermedad.