El llamado de la Procuraduría General de la Nación a los municipios del Tolima para fortalecer la atención de accidentes de tránsito con posible relevancia penal puso sobre la mesa una pregunta para Ibagué: ¿está la ciudad preparada para garantizar que las primeras actuaciones en un siniestro se realicen de manera oportuna y con personal capacitado?

El Ministerio Público pidió a las administraciones municipales informar sobre sus protocolos, capacitación del personal, mecanismos de coordinación y capacidad para atender estos casos, especialmente cuando hay personas lesionadas o fallecidas. 

La Procuraduría advirtió que las primeras actuaciones pueden ser determinantes para preservar elementos materiales probatorios y garantizar la cadena de custodia.

Frente a este requerimiento, la Secretaría de Movilidad de Ibagué aseguró que la ciudad cuenta con un grupo de Policía Judicial y Laboratorio de Criminalística integrado por agentes de tránsito especializados en la investigación técnico-científica de accidentes.

Según la dependencia, este grupo actúa principalmente cuando en un siniestro hay personas fallecidas o lesionadas, así como cuando la Fiscalía requiere diligencias específicas dentro de una investigación.

Ibagué atiende unas 90 órdenes al año

La Secretaría explicó que estos agentes tienen facultades para realizar actos urgentes y diferentes actividades investigativas, entre ellas entrevistas a víctimas y testigos, individualización de personas, recopilación de videos y evidencias, análisis de la escena y elaboración de informes de investigador de campo.

Todo este material, de acuerdo con la explicación entregada por Movilidad, es remitido posteriormente a la Fiscalía dentro de los términos establecidos.

Actualmente, el grupo atiende alrededor de 90 órdenes de Policía Judicial al año, una labor que, según la Secretaría, requiere conocimientos específicos sobre física, mecánica y dinámica de los siniestros viales.
La dependencia también aclaró que la dirección de las investigaciones permanece en manos de la Fiscalía y que, cuando se requieren actuaciones especializadas, el ente investigador puede delegar diligencias en los agentes de tránsito que cuentan con la formación y las facultades correspondientes.

El reto ahora es demostrar cómo funciona el sistema

La respuesta de Movilidad muestra que Ibagué cuenta con una estructura especializada para este tipo de casos. Sin embargo, el requerimiento de la Procuraduría abre ahora un nuevo escenario: la ciudad tendrá que explicar cómo garantiza la disponibilidad de este personal, cuáles son sus protocolos y cómo funciona la coordinación con la Fiscalía y las demás autoridades cuando ocurre un accidente con posibles consecuencias penales.

La Procuraduría no señaló que todos los municipios del Tolima presenten las mismas dificultades. Su llamado fue preventivo y busca que las administraciones informen sobre su capacidad y adopten medidas cuando esta resulte insuficiente.

En el caso de Ibagué, el dato de las cerca de 90 órdenes atendidas anualmente pone una cifra sobre la mesa. Ahora la discusión estará en saber cómo está distribuido ese personal, qué capacidad tiene para responder de manera inmediata y qué ocurre cuando se presentan varios siniestros que requieren simultáneamente actuaciones de Policía Judicial.

Ese será uno de los puntos claves que deberá aclarar la ciudad mientras la Procuraduría avanza en su seguimiento preventivo a la atención de los accidentes de tránsito en el Tolima.