Una familia denuncia una presunta vulneración de derechos en la Clínica Ibagué, luego de que una paciente de 63 años fuera citada para un procedimiento de reemplazo de cadera y, según sus familiares, la cirugía no se realizara pese a que había sido programada previamente.

Andrea Marroquín, hija de la paciente, explicó que su madre, Amparo Hernández, tiene una orden para el reemplazo de cadera derecha, procedimiento que habría sido autorizado después de un proceso judicial. Según su relato, un juez ordenó garantizarle el tratamiento integral indicado por los especialistas.

La mujer aseguró que su madre fue citada para el pasado lunes a las 6:00 de la mañana, con ayuno, elementos de aseo y acompañante. La paciente llegó desde las 5:00 de la mañana junto a su hijo, quien incluso habría solicitado vacaciones para acompañarla. Sin embargo, después de ingresar al área quirúrgica, les informaron que no podía realizarse la intervención porque el anestesiólogo estaba enfermo.

Según Marroquín, posteriormente les indicaron que la cirugía quedaría programada para el jueves, pero al llegar nuevamente les habrían informado que no estaban disponibles todos los elementos necesarios para realizar el procedimiento. Esta situación generó cuestionamientos por parte de la familia, que pide claridad sobre la programación y las condiciones bajo las cuales se había previsto inicialmente la cirugía.

La hija de la paciente también denunció el trato recibido durante la espera y aseguró que, cuando la familia intentó dejar constancia mediante un video, habrían llamado a la Policía. Marroquín, quien manifestó ser abogada y estar adelantando las acciones judiciales para defender los derechos de su madre, cuestionó la atención recibida por parte de algunos funcionarios de la institución.

La familia asegura que la paciente reside en una vereda de Rovira, por lo que cada desplazamiento a Ibagué representa gastos de transporte, alimentación y hospedaje. Además, sostiene que la situación ha generado afectación emocional en la mujer, quien presenta dificultades para caminar y permanece a la espera de una solución.

Finalmente, Andrea Marroquín pidió la intervención de las autoridades competentes, entre ellas el Ministerio de Salud, la Defensoría del Pueblo y la Personería, para que se verifique el cumplimiento de la orden judicial y las condiciones en las que se está atendiendo a la paciente. La denuncia corresponde al relato de la familia y queda pendiente la respuesta de la Clínica Ibagué y de las autoridades señaladas.