¡Bombazo! Tras la cancelación del Jamming, también se podrían caer las fiestas de Ibagué
Ante el Juzgado Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, el abogado Luis Felipe Aranzales presentó demanda de nulidad contra de la Alcaldía, considerando que la licitación pública por medio de la cual se busca contratar los servicios operativos, logísticos y técnicos para el Festival Folclórico Colombiano, contiene varias irregularidades.
De acuerdo con el prestigioso jurista, el proceso viola los principios de planeación, legalidad, inversión adecuada de los recursos públicos, selección objetiva y transparencia, y se opone a los principios que legalmente regulan la contratación estatal.
¿Qué busca Aranzales?
El documento que obtuvo en exclusiva la redacción local de Econoticias, busca -en el apartado de pretensiones- la nulidad absoluta del acto administrativo contenido en la resolución 000018 del 5 de mayo del 2022, "por haberse expedido con infracción de las normas" y con "desviación de las atribuciones propias de quien las profirió".
Sin embargo, garantizar que el proceso no continúe en curso, Aranzales también solicitó -como herramienta adicional e independiente- una suspensión provisional del procedimiento 'colgado' por la administración 'Ibagué Vibra'.
¿Gana con cara y con sello?
"El pliego de condiciones y en general los actos precontractuales expedidos por la Alcaldía de Ibagué incurren en una violación grosera al decreto 1860 de 2021", sostiene el oficio, pues las presuntas inconsistencias excluyen e imposibilitan la participación de mipymes, entre otros.
Paralelo a los dos acciones anteriores, Luis Felipe Aranzales remitió una acción de tutela ante al Juzgado Municipal de Ibagué (Reparto), en la que advierte que la Secretaría de Cultura Municipal al parecer cambió aspectos sustanciales del pliego de condiciones:
-Índice de liquidez
-Número de contratos para acreditar experiencia
-Certificación de artistas como factor ponderable de calidad
¿Derroche de recursos?
La tutela advierte que fueron cotizados 24 incentivos para grupos musicales, cada uno por $4 millones para un total de $96 millones. Sin embargo, por ese concepto el contratista recibirá un desembolso de $171.360.000, lo que significa que cobrará $75.360.000 solo por ser intermediador y "hacerle el favor a la Alcaldía" de repartir el dinero.
"En términos porcentuales, de la totalidad de dinero dispuesto para pagar incentivos de artistas locales, los artistas apenas recibirían un 56% del recurso público destinado para este efecto y el futuro contratista se quedaría con un 44% a título de utilidad, solo por servir de pasa mano, es decir, de entregar el dinero público a nuestros artistas locales", aclara el documento.
De prosperar las acciones presentadas por Aranzales, los tiempos no serían suficientes para la ejecución de un nuevo proceso -desde ceros- que garantice la realización del Festival Folclórico Colombiano cuando se supone debía regresar a la presencialidad por la carrera 5a.
