La demanda interpuesta por las empresas de servicio colectivo, Transportes La Independencia S.A. y Transportes Flota Andrés López de Galarza S.A., pretende que se decrete la nulidad parcial del decreto que regula el proyecto.

Ante este escenario, César Yáñez, gerente del SETP de Ibagué, emitió un parte de tranquilidad a la ciudadanía, manifestando que desde que fueron notificados han estado trabajando para ajustar los respectivos puntos.

Con base a ello, Andrea Mayoral, jefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Ibagué, señaló que es importante aclararle a la comunidad que existe un componente normativo e histórico en el que se deben tener en cuenta ciertos aspectos, respecto al fallo proferido, mismo al que se le presentará un recurso de apelación para que sea conocido por Tribunal Administrativo del Tolima.

En segunda instancia, la Administración Municipal pretende ratificar ante el Tribunal la importancia y validez del SETP con todo el soporte técnico y normativo, teniendo en cuenta que desde la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Ibagué, se validaron aspectos que obedecen a varios antecedentes desde el punto de vista de acuerdos municipales, el aval fiscal del orden nacional, el documento CONPES que fue proferido por el orden nacional donde se declara el SETP como proyecto estatégico para la ciudad, aspectos que lo validarían legalmente. 

En cuanto al argumento del abogado de las empresas demandantes, en lo concerniente al ente gestor, César Yánez indicó que "actualmente (el gremio transportador) ellos están manejando la operación, tienen el control de cuota y el recaudo". No obstante, precisó que con la puesta en marcha del Sistema Estratégico, se cubrirá la demanda en las rutas, se cancelarán los salarios de acuerdo a lo estipulado por la ley, además de recalcar que "no se trata de privatizar, nosotros somos un ente que va a estar vigilante a lo que es el transporte público en Ibagué y esa va a ser nuestra función".

Respecto a la reposición de los vehículos Euro 5 y 6, el gerente del SETP señaló que "hemos venido trayendo nuevos vehículos a la ciudad para que el gremio transportador pueda elegir esos vehículos (...) ellos manifiestan que quieren ingresar el Euro 5, pero es algo que se debe llevar a junta y a los respectivos ministerios", debido a que esa decisión afecta financieramente.  

Del mismo modo, expusó que la Ley 2128, estipula en uno de sus artículos que el 30% de la reposición de los vehículos tiene que ser a gas y en un plazo debe ser a un año, razón por la que se hace un llamado al gremio transportador para que realicen el respectivo cambio.

Así mismo manifestó que, quienes inviertan en la reposición de la flota, por directriz de la Administración Municipal se les garantizará la inversión y agregó que desde las mesas de concertación que se han instalado, se extiende la invitación a los propietarios y empresarios, para que conformen un solo operador que beneficie a la ciudad y a ellos mismos. 

Finalmente, Andrea Mayoral, indicó que trabajarán arduamente para que en el debate que se dará en segunda instancia se valide el proceso.