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IBAGUÉ - COLOMBIA, 20.Octubre.2021
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  |   12.Octubre.2021   |   Por:  
Ecos del Combeima

El Cañón del Combeima necesita soluciones definitivas

Crédito: 
Suministrada
La cuenca se encuentra sobrediagnosticada y requiere acciones que mitiguen el impacto ambiental.

La sobrepoblación y el riesgo en en el que se encuentra el Cañón del Combeima es una situación que en los últimos días ha generado polémica, zozobra y temor debido a la importancia que representa la cuenca para el abastecimiento del líquido vital a la ciudad.

Ante este escenario, Germán Sánchez, exsecretario de Turismo, manifestó que este problema ha afectado a la comunidad desde hace años y está ligado a una infinidad de aristas que se resumen "en falta de voluntad política real para solucionar y tomarse en serio la situación del Cañón del Combeima".

A su vez, precisó que los estudios que han realizado las instituciones, dejan entrever la falta de voluntad al no consolidarse un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) real que evidencia una cofradía de intereses de unos pocos que se benefician de esa calamitosa situación  que "parece un desastre anunciado".  

Respecto al turismo que se desarrolla en la cuenca, Sánchez agregó que se requiere un estudio real de carga, teniendo en cuenta la sobreoferta de negocios, los visitantes, la contaminación a las fuentes hídricas y demás acciones que ponen en riesgo una zona que requiere mayor protección para no convertirse en una "tragedia anunciada"

Por su parte, Gloria Beltrán, ecóloga, manifesto que "el río Combeima y su cuenca es un enfermo que hace rato esta pronósticado como problema vital para Ibagué, Tolima y Colombia", indicando que estatalmente la zona ha estado en abandono y que las autoridades deben implementar acciones fuera de la "farolería permanente" que mejoren las condiciones de "este enfermo permanente que tenemos en la oreja".

Igualmente, indicó que la carga humana que se le ha puesto a la cuenca ha llevado a que se "agudice a la enfermedad" debido a la produccion de basura, la deforestación y el incremento de viviendas al borde del río que afectan el cauce adecuado del río y afectan la preservación y conservación del medio ambiente.

Además, extendió el llamado a las autoridades como Cortolima, Alcaldía de Ibagué y Gobernación del Tolima para que realicen de inmediato el estudio que requiere la zona para "evitar el desastre que se avecina", ejecutando acciones de fondo y forma y no pañitos de aguas tibias. 

Del mismo modo, Andrés Forero, columnista del periódico El Nuevo Día y de Ecos del Combeima, aseveró en su texto del 21 febrero 'un asunto nada gaseoso' que la administración municipal y departamental, planean la ejecución y puesta en marcha de la gasificación en la cuenca del Combeima, situación que puede convertirse en una 'bomba de tiempo' en este lugar que se encuentra sobrediagnosticado. 

Así mismo, aseguró que ha faltado voluntad política y que hay corresponsabilidad de muchos actores en esta problemática como consecuencia de las 'jugaditas políticas' que se dieron en su momento en el Concejo de Ibagué frente a las decisiones de fondo en torno al POT y que también involucra a la judicatura, debido a que no ha dado respuesta a las solicitudes respecto a temas como el uso del suelo rural en la cuenca. 

También, sostuvo que se deben generar soluciones, acompañamiento y hojas de ruta para el futuro de estos predios bajo la finalidad de que no se repitan las situaciones de asentamiento, aún cuando se otorguen soluciones de vivienda a los afectados.

Finalmente, manifestó que no existe un estudio de carga que permita verificar la capacidad de la cuenca, además de no contar con una vía acorde a las necesidades. Sumado a ello, acotó que "la voluntad debe ir más alla de legalizar recursos", teniendo en cuenta que la Administración Municipal a través de la Secretaría de Gestion del Riesgo tiene previsto adelantar estudios de impacto y riesgo en dos puntos del Cañón del Combeima (la zona de la Vega Chapetón y Pastales), acerca de avenidas torrenciales y posibilidad de derrumbe, los cuales tendrán un costo de $370 millones, mismos que generan suspicacia ya que este proceso debe ejecutarse en un plazo de dos meses.