La exprocuradora de Familia del Tolima, Fanny Barragán, se refirió a la mendicidad como negocio en la ciudad, manifestando que es una triste situación que se vive en todo el país y que cualquier manera es una clara vulneración a los derechos de las niñas y niños, además de estar tipificado como delito.

Ante este flagelo, expresó que cualquier persona que utilice, instrumentalice, comercialice o mendigue con menores directamente o a través de una tercera persona será judicializado con una pena de prisión de 3 a 7 años, la cual se agrava y se incrementa, si es realizada por parientes hasta en cuarto grado de consanguinidad, teniendo en cuenta que es explotación de menores de edad. 

Del mismo modo, señaló que la ciudadanía debe ser más consciente "de que si no hay ayuda, no hay mendicidad" y agregó que, "a los niños no se les soluciona su problema con darle una limosna".

Con base a ello, hizo un llamado a las autoridades teniendo en cuenta que son quienes tienen la responsabilidad de ser garantes de los derechos de los niños; en primer lugar al ICBF y seguidamente a los defensores de familia, la Policía de Infancia y Adolescencia y a la Fiscalía General de la Nación, debido a que al estar tipificado como delito que debe ser investigado.

La exprocuradora sostuvo que Ibagué ha tenido una situación constante de mendicidad y existe un caso particular, que tiene que ver con la población indígena Embera, que ha sido insistente en mantenerse en diferentes lugares de la ciudad, debido a que la ciudadanía respalda el accionar de la misma y en ocasiones, se opone a que los menores sea llevados a protección en medio de los operativos que realizan las autoridades competentes.

Frente a este panorama, Fanny Barragán considera que debe haber un trabajo articulado entre varios entes. "Me parece oportuno que se adelante una mesa interinstitucional liderada por el ICBF, y liderado por la Alcaldía de Ibagué, incluso las Secretarías de Salud, porque es un problema de salud", con la finalidad de abordar este escenario tan lamentable y tomar acciones de fondo que mejoren la calidad de vida de los niños y niñas que se enuentran en esta situación. 

También agregó que a los menores que se encuentren en estado de mendicidad, trabajo forzado, explotación, sexual o laboral se les debe realizar el respectivo reestablecimiento de derechos, labor que solo puede realizar la Defensoria de Familia, a quién solicita realice seguimiento de estos casis. 

Finalmente, extendió la invitación para que la ciudadanía que conozca este tipo de situaciones denuncie a través de las líneas del bienestar familiar, recordando que muchos menores "viven en la calle y otros de la calle".