En los primeros meses de su mandato, la alcaldesa Johana Aranda tuvo que enfrentar una de las decisiones más difíciles para su gobierno: liquidar el convenio con Infotic, un tema espinoso heredado de su mentor político y exalcalde de Ibagué, Andrés Hurtado.

Este polémico acuerdo, que otorgaba a la empresa ‘manizalita’ la responsabilidad de implementar y gestionar el sistema de recaudo centralizado, la información al usuario, el control de flota, y la instalación de cámaras de seguridad y botones de pánico, había sido objeto de numerosas críticas por diversas razones.

Según Camilo Ossa, abogado y expersonero de Ibagué, el convenio estaba rodeado de irregularidades, entre ellas, que el control de Infotic estaba en manos de seis empresas privadas, algunas al parecer de papel o de garaje y de dudosa constitución. 

Además, se cuestionó la legalidad del acuerdo, ya que fue firmado el 28 de junio de 2023, apenas unas horas antes de que comenzara a regir la ley de garantías.

Cabe recordar que, durante la campaña electoral, Aranda tuvo que desmarcarse de su mentor, Andrés Hurtado, quien enfrentaba un paro transportador que duró más de diez días. La entonces precandidata se comprometió en Econoticias a liquidar el convenio con Infotic si llegaba a ser elegida, lo que aumentaba la presión sobre su futuro gobierno.

De este modo, en su segundo mes de mandato y con el objetivo de evitar un nuevo paro transportador, similar al ocurrido en 2023, Aranda tomó la decisión de acabar con el convenio de manera bilateral. Su intención era abrir espacio para un proceso de integración que involucrara a todos los actores de la movilidad en la ciudad.

Con esta decisión, Aranda evitó que se repitiera el escenario del año anterior, en el que el paro del transporte público, que duró casi medio mes, causó millonarias pérdidas para las empresas y el comercio de Ibagué.

Ahora, bajo el liderazgo de Aquileo Medina, gerente del Sistema Estratégico de Transporte Público, se espera que se retomen los avances en el tema del recaudo, en medio de la retrasada implementación del SETP en la capital tolimense.