¿Hacen 'fiesta' con contrato de la Secretaría de Gobierno? Almuerzos ejecutivos por $26.000
Una nueva sombra se cierne sobre la contratación de la Alcaldía de Ibagué, esta vez en un millonario negocio de logística que enfrenta señalamientos de sobrecostos y presunto direccionamiento.
El contrato, adjudicado en junio de 2024, benefició a la Fundación IMIX, entidad que ha acumulado numerosos negocios con la administración de Johana Aranda.
El valor del contrato asciende a $1.079 millones, destinados a "la prestación de servicios de operación logística dentro del proyecto Ciudad Segura en el Municipio de Ibagué". Sin embargo, detalles del proceso han generado suspicacias. (Ver más: La afortunada fundación con negocios en Ibagué, ahora está bajo la 'lupa' en Lérida)
Según denunció el abogado Luis Felipe Aranzalez, el negocio muestra indicios de ser un contrato direccionado.
La Fundación IMIX fue el único oferente en el proceso y cumplió con condiciones que algunos califican de restrictivas, como experiencia en bienestar nutricional y requisitos específicos de transporte y almacenamiento de alimentos. (Ver más: Mismas manos y muchos millones: así ha funcionado la contratación de los comedores en Ibagué)
Estas exigencias, que no guardarían relación directa con el objetivo de seguridad y convivencia, habría limitado la participación de otros oferentes.
Ello toma fuerza si se tiene en cuenta que, de los 21 ítems del contrato, solo tres están relacionados con el suministro de alimentos.
“El proceso tiene como finalidad adelantar una serie de actividades, consejos de gobierno periódicos, jornadas de capacitación, foros, estrategias y demás que les permitan propender por la seguridad y convivencia ciudadana a través de mecanismos de prevención, promoción y control. Son aspectos relacionados con la seguridad y convivencia que en nada tienen relación con bienestar nutricional, alimentos o algún aspecto semejante”, dice la denuncia.
¿Comida con sobrecostos?
Los contratos de la Alcaldía de Ibagué no han estado exentos de polémicas, especialmente en lo relacionado con los costos de los alimentos.
En este caso, un desayuno sencillo proporcionado por la Fundación IMIX, que incluye bebida caliente, huevos al gusto y un pan, se facturó en $20.000. Este precio supera ampliamente los $9.600 que cuesta un desayuno similar en contratos de alimentación de la misma época en la Alcaldía de Armenia.
Lo mismo ocurre con los almuerzos. Mientras la Fundación IMIX cobra $26.000 por un almuerzo que incluye sopa, proteína, carbohidrato, arroz, ensalada, verdura y jugo, un contrato de la Alcaldía de Armenia lo ofrece por $16.500, con características similares.
Incluso dentro de la misma Alcaldía de Ibagué, el contratista Activa Grupo L&M, encargado del catering y protocolo y cuestionado también por el abogado Aranzalez, ofrece almuerzos ejecutivos con similares componentes por $18.200.
Además, considerando la cantidad de desayunos y almuerzos proporcionados en el marco del contrato para miembros de la Fuerza Pública durante el Festival Folclórico, cabría esperar precios más competitivos. Sin embargo, las cifras reportadas generan inquietud:
- 6.050 desayunos por un total de $143.990.000.
- 12.343 almuerzos por $381.892.420.
- 6.421 refrigerios por $109.266.157.
"Si comparamos estos valores con los costos reales o incluso con los registrados por entidades similares, se evidencia que los precios están claramente inflados", afirmó Aranzalez.
El abogado señaló que la comparación entre los precios de mercado y los contratos de logística refleja aparentes sobrecostos, que podrían superar el 40%.
¿Contratistas afortunados?
La Fundación IMIX parece estar en una "buena racha". Desde el inicio del mandato de Johana Aranda, ha obtenido contratos que suman alrededor de $4.800 millones.
Entre los más destacados se encuentran:
- $1.724 millones para el programa de bienestar social de los funcionarios, adjudicado por la Secretaría Administrativa. (Ver más: La ‘famiempresa’ detrás del ‘jugoso’ negocio de los comedores comunitarios)
- $700 millones para atención integral a personas con discapacidad, también bajo la Secretaría Administrativa.
- $1.079 millones en el contrato de logística con la Secretaría de Gobierno.
- $500 millones con la Secretaría de Desarrollo Rural.
Además, IMIX recibió $209.642.729 de la Unidad de Salud de Ibagué para insumos del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC).
Con estos antecedentes, las dudas sobre la transparencia en la asignación de recursos públicos no hacen más que aumentar. Ecos del Combeima intentó comunicarse con la Secretaría de Gobierno para conocer su versión sobre las denuncias pero, hasta el momento, no ha sido posible obtener respuesta.
Ñapa
La cereza del pastel en esta racha ganadora de contratos llega hasta el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué (Infibagué), donde la Fundación IMIX ha estado involucrada en dos importantes procesos.
Uno de ellos fue un contrato cuyo objeto era "desarrollar el programa de bienestar social en la ejecución de actividades de tipo deportivo, recreativo y cultural para los funcionarios del instituto". Por una suma cercana a los $616 millones, la fundación amplió su alcance, pasando de la alimentación y logística a actividades orientadas al bienestar social, vigentes hasta finales del año.
En el otro caso, aunque no figura directamente como contratista, IMIX jugó un rol clave en las actividades de la Feria Agropecuaria realizada en el Coliseo de las Ferias, evento organizado con el apoyo de Infibagué y el Comité de Ganaderos del Tolima.
Esta concentración de contratos millonarios en pocas manos debería, al menos, ser motivo de revisión por parte de los entes de control.
Todo lo anterior podría sugerir, como lo afirma el abogado Aranzalez, que existen proponentes favorecidos dentro de la administración.
"Se identificaron un total de siete contratos relacionados con actividades de logística, planes de bienestar y subcontratación para la feria agropecuaria, que en conjunto suman más de $4.800 millones", explicó.
Para el abogado, resulta sospechoso que en seis de los siete procesos la única participante haya sido la Fundación IMIX, lo que evidenciaría una posible restricción en la participación de otros proponentes.
"No se trata de cuestionar que una empresa pueda ganar múltiples contratos. El problema radica en que los procesos de contratación en los que ha participado no cumplen con la legalidad, vulneran derechos y limitan la libre participación de proponentes", señaló Aranzalez.
Además, el llamado 'contrato chaleco' presenta varias condiciones que, según el abogado, se repiten en los procesos y podrían favorecer al proponente. Entre estas, menciona: exigencias de bodegas o instalaciones equipadas, la aplicación de regímenes especiales sin justificación aparente, altos indicadores financieros, requisitos de experiencia que benefician a ciertos participantes, y la utilización de entidades externas para postularse en las contrataciones.
