El demoledor informe de la Contraloría General de la República por el fallido puente de la 60
La Contraloría General de la República ha confirmado una serie de presuntas irregularidades durante la planificación y ejecución del puente elevado de la calle 60 con carrera Quinta de Ibagué.
En un informe de auditoría al que Ecos del Combeima tuvo acceso, el ente de control destapó lo que muchos esperaban de la Contraloría Municipal de Edna Margarita Murcia: presunta falta de planeación, cuestionados desembolsos y aparentes detrimentos patrimoniales.
El documento en cuestión contiene tres observaciones sobre el millonario proyecto que el exalcalde Andrés Hurtado intentó entregar antes de finalizar su mandato.
1. ¿Falta de planeación?
Lo que ya muchos advertían sobre el puente de la 60 cobró fuerza al conocerse que en el proyecto reinaron, aparentemente, debilidades en la planeación y en la estructuración del presupuesto del contrato.
La Contraloría sostiene que inicialmente no se incluyeron actividades complementarias necesarias para la efectiva ejecución del contrato.
"En la revisión documental se identificaron tres (3) actas de mayores y menores cantidades para balancear el valor del contrato sin fuera necesario realizar una adición; sin embargo, esto implica una desfinanciación del proyecto que debe equilibrarse en algún momento con la suscripción de una adición al valor del contrato", se lee en el informe.
Una de las actas mencionadas se relaciona con ítems no previstos que implican intervenciones rápidas de movilidad en las vías alternas, que debían ser utilizadas por los vehículos afectados por los cierres durante el desarrollo de la obra.
"Al momento de realizar la planeación y estructuración del presupuesto no se tuvo en cuenta estas actividades, las cuales eran fundamentales para garantizar el buen estado de las vías aledañas al proyecto, al ser usadas como rutas alternas", agrega el informe.
En otra acta se incluyeron 28 ítems no previstos, relacionados con la construcción de una red provisional eléctrica, cuyo presupuesto aproximado fue de $600 millones.
Esto sugiere una posible desfinanciación del presupuesto inicialmente estimado, que asciende aproximadamente a $1.500 millones. Este pequeño detalle que aparentemente pasó por alto la Secretaría de Infraestructura de ese entonces, evidenciaría deficiencias en la planeación y estructuración del presupuesto oficial.
2. ¿Cuestionados pagos?
El asunto se complica en la observación número dos, que tiene connotación fiscal y presunta incidencia disciplinaria.
La CGR asegura que al revisar la información suministrada por la Alcaldía de Ibagué, se encontraron pagos realizados con recursos entregados como anticipo al contratista, pero sin los debidos soportes, lo que genera, presuntamente, un daño patrimonial de $2.950 millones.
Esto resulta aún más grave dado que el contrato presentó un avance de ejecución del 0%, certificado por la interventoría.
De acuerdo con el informe, la Alcaldía de Hurtado desembolsó al Consorcio Puente Carrera Quinta la suma de $11.743 millones, equivalente al 30% del contrato.
Aunque la interventoría y supervisión autorizaron desembolsos mensuales entre julio y noviembre de 2023 por un total de $2.950 millones, el consorcio no presentó los informes ni los soportes de inversión requeridos.
"Se evidencia incumplimiento por parte del Contratista de obra Consorcio Puente Carrera Quinta, en relación con la legalización de la inversión del anticipo en los términos antes señalados, lo cual da lugar al inicio del procedimiento administrativo tendiente a hacer efectiva la garantía única del contrato", señala el informe.
Esta situación también afecta a la interventoría, ya que según el informe, se evidencian debilidades de control.
Solo hasta septiembre se solicitó al contratista la presentación del informe sobre el manejo de los recursos y los soportes (factura), a pesar de que se autorizaron seis desembolsos entre julio y agosto. "Pese a que el contratista no entregó los soportes, continuó autorizando desembolsos durante los meses de octubre y noviembre".
Además, durante una visita de inspección realizada el 3 de octubre de 2024, el equipo auditor comprobó que las obras no habían comenzado ni se había ejecutado el plan de inversión aprobado en mayo de 2023.
Por lo tanto, se podría haber generado un detrimento al patrimonio público por un valor de $2.950 millones, ya que no se amortizó el anticipo.
Adicionalmente, no se pudo verificar que los pagos realizados por el contratista a sus proveedores estuvieran debidamente soportados.
3. La cuestionada interventoría
Como si no fuera suficiente con las presuntas irregularidades durante la ejecución del contrato del puente, sobre la interventoría también pesaron varias sombras, según el informe de la Contraloría.
El municipio de Ibagué firmó el contrato del puente de la 60 con la idea, al menos en el papel, de que la obra debía completarse en ocho meses con un presupuesto superior a los $39.000 millones.
Sin embargo, desde el inicio, el contratista presentó "demoras y deficiencias en los trámites para conseguir de manera oportuna y eficaz" los permisos arqueológicos y ambientales.
La historia, aunque conocida por los roces políticos que generó, tiene aspectos poco conocidos, que fueron revelados por la Contraloría.
En el caso del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), la autorización del Programa de Arqueología Preventiva se emitió solo en noviembre de 2023, 83 días después de que el consorcio lo solicitara, y más de 106 días después de iniciado el contrato.
Por otro lado, la obtención del permiso ambiental de aprovechamiento forestal, necesario para remover árboles en la zona de construcción, fue aún más problemática, ya que Cortolima finalmente negó la solicitud en diciembre de 2023 debido a la falta de información social y al descontento de la comunidad por el valor histórico y cultural de los árboles.
A pesar de que el exalcalde Hurtado intentó limpiar la imagen del contratista, culpando a Cortolima y el ICANH, la CGR sugirió otra cosa:
"De acuerdo con todo lo anteriormente expuesto, es notoria la falta de oportunidad y eficacia con que el contratista de la obra adelantó las gestiones para obtener de las entidades competentes los permisos y autorizaciones necesarias para llevar a cabo el proyecto, máxime teniendo en cuenta que el plazo para la ejecución del contrato era de ocho meses", se puede leer.
El proceso también reveló que el contrato de interventoría, firmado en paralelo con el de obra, presentó pagos de hasta $1.928.416.030, que representaron el 64,32% del valor total del contrato.
Sin embargo, estos pagos, según la Contraloría, no representaron ningún beneficio para la administración municipal:
"A pesar de que la interventoría relaciona en sus informes mensuales avances de obra en un porcentaje de 5,79%, dichas obras no fueron recibidas a satisfacción por la interventoría y tampoco se pueden considerar funcionales, ya que son obras inherentes al desarrollo del proyecto, pero que, mientras no se ejecute el proyecto fase 1 (puente elevado carrera 5), dichas obras no prestarán ningún servicio", señala el informe.
Como 'estocada final', la Contraloría concluye que, debido a los incumplimientos del contratista, es posible hablar de otro más que probable detrimento patrimonial por $1.928 millones.
