Alcaldía tiene 'bajo la lupa' cinco nuevas constructoras en Ibagué
En un esfuerzo por proteger a los compradores de viviendas, la Alcaldía de Ibagué ha intensificado su vigilancia sobre constructoras que han incumplido en la entrega de proyectos habitacionales, debido a las múltiples quejas de usuarios insatisfechos con dichas empresas.
Durante una entrevista con Ecos del Combeima, el secretario de Gobierno de Ibagué, Edward Amaya Márquez, junto con el director de Espacio Público, Jhon Ferley Amaya, y el abogado de la dirección, Juan Camilo Caicedo, hablaron sobre las acciones emprendidas por la administración municipal para proteger a los compradores y garantizar que se cumplan los compromisos asumidos por las constructoras.
Hace unos días, la Alcaldía tomo posesión de la empresa Prabyc Ingenieros por su supuesto incumplimiento en la entrega de proyectos de vivienda. Según Amaya Márquez, la decisión de tomar posesión de la empresa no fue precipitada, sino el resultado de meses de investigación. La empresa enfrenta 323 procesos jurídicos a nivel nacional, 127 de ellos en Tolima. Además, ha registrado pérdidas de 21 mil millones de pesos en los últimos dos años, lo que ha generado preocupación sobre su estabilidad financiera. Tras conocerse la intervención, se incrementaron considerablemente las denuncias contra otras constructoras. (Ver más: Inédito: Alcaldía de Ibagué interviene importante constructora por incumplimientos)
Juan Ferley Amaya, director de Espacio Público, indicó que la toma de posesión beneficia directamente a 350 familias del proyecto Hacienda El Bosque, así como a más de mil familias en otros proyectos a nivel nacional.
“Estamos hablando de cerca de 350 familias afectadas de un solo proyecto, como es Hacienda El Bosque en Ibagué, y de más de mil familias en diversos proyectos a nivel nacional, donde, al parecer, también han persistido esos incumplimientos. La decisión de intervenir se tomó para proteger y salvaguardar el interés general, en particular el de los compradores de esas viviendas aquí en la capital del departamento”, explicó el director de Espacio Público.
Uno de los principales puntos aclarados por los representantes de la Alcaldía fue que la toma de posesión de Prabyc Ingenieros no debe considerarse una intervención, sino una medida cautelar que busca proteger los derechos de los compradores antes que a los acreedores financieros de la empresa, lo que altera el orden de prelación en favor de las familias afectadas.
El secretario Amaya enfatizó que la toma de posesión es parte de un proceso legal cuyo objetivo es salvaguardar los intereses de los ciudadanos, y no busca interferir o limitar las acciones que pueda emprender la constructora.
“La toma de posesión tiene un plazo de un año, prorrogable por otro año (...) Esta medida no es sancionatoria, sino preventiva, y busca salvaguardar, por supuesto, los intereses de los compradores de vivienda”, afirmó el secretario Amaya.
Cinco constructoras bajo investigación
Además del caso de Prabyc Ingenieros, la administración ha recibido denuncias contra otras cinco empresas constructoras. Aunque la Alcaldía no ha revelado los nombres de estas compañías, Jhon Ferley Amaya mencionó que se encuentran en una fase de investigación preliminar para determinar si las acusaciones ameritan sanciones o intervenciones similares.
El abogado Juan Camilo Caicedo añadió que, aunque las quejas están aumentando, la administración sigue estrictos protocolos legales para evitar que se desate una "cacería de brujas" contra las constructoras.
“Nosotros actuamos respetando el debido proceso y la presunción de inocencia, tanto de las personas naturales como jurídicas, mientras se adelantan los procesos administrativos. Esto para determinar si las conductas de estas personas se ajustan a lo establecido en la Ley 66, especialmente en lo que respecta al incumplimiento con los compradores”, afirmó Caicedo.
Por su parte, el secretario Amaya destacó que, aunque se han recibido numerosas quejas, no todas cuentan con pruebas suficientes para iniciar procesos formales.
“El teléfono no para de sonar, pero debemos ser muy prudentes al abordar este tema, ya que hablamos no solo de empresas que generan riqueza en la región, sino también del futuro de muchas familias que tienen depositada su esperanza en estas empresas y en el sueño de tener una vivienda. ¿Qué queremos? Que ambas partes salgan beneficiadas, que a la empresa le vaya bien y que las familias finalmente reciban su vivienda”, destacó el secretario.
La Alcaldía reafirma su compromiso
Finalmente, los representantes de la Alcaldía enviaron un mensaje de tranquilidad tanto a los compradores como a los constructores que están cumpliendo con sus obligaciones. “El constructor que hace bien las cosas no tiene nada que temer”, afirmó Edward Amaya, al tiempo que confirmó que la administración sigue comprometida con devolver la confianza y la seguridad jurídica a quienes adquieren vivienda en Ibagué.
Este caso marca un precedente en la historia de la ciudad, ya que nunca antes se había tomado una medida tan drástica contra una constructora incumplida. Las autoridades locales esperan que este tipo de acciones contribuyan a fortalecer el control sobre los proyectos de vivienda y evitar futuros incumplimientos que perjudiquen a las familias ibaguereñas.
