La Defensoría del Pueblo también se metió de lleno en el espinoso tema del relleno sanitario La Miel y le envió un urgente mensaje a la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima).

De acuerdo con la entidad,  la autoridad ambiental y las alcaldías de Alvarado, Anzoátegui, Valle de San Juan, Ambalema, Suárez, Ortega, Santa Isabel, Cunday, Rovira, Lérida, Ibagué, Venadillo, San Antonio y San Luis deben formulen planes de contingencia que permitan definir rellenos sanitarios alternativos, los cuales eviten la acumulación de basuras en espacios públicos, así como planificar nuevas rutas y horarios de recolección, para garantizar que la prestación del servicio sea continua y eficiente.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo consideró necesario que la autoridad ambiental requiera a los municipios para que revisen el cumplimiento de las metas de aprovechamiento de residuos sólidos, establecidas en los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), dada la importancia para la sostenibilidad ambiental y vida útil de los sitios de disposición disponibles.

Según el más reciente reporte disponible del Sistema Único de Información (SUI), el relleno sanitario ‘La Miel’, en Ibagué, tiene vida útil hasta el próximo 31 de agosto, razón por la que la Defensoría del Pueblo alerta sobre la situación, teniendo en cuenta que en el lugar son dispuestas cerca de 500 toneladas diarias de residuos provenientes de 14 municipios del Tolima.

Aunque la administración de ‘La Miel’ solicitó la modificación de la licencia ambiental, con la intención de ampliar su vida útil por medio de dos nuevos vasos —por lo que es adelantado un proceso de participación ciudadana, que tiene programada audiencia pública para dentro de contadas semanas—, la institución de derechos humanos, adicionalmente, les solicita a las entidades del orden nacional y local poner en marcha acciones urgentes, a fin de evitar una crisis sanitaria en el departamento, posibles complicaciones socioambientales.

También las llama a establecer una agenda de trabajo que atienda la problemática, cuyo propósito primordial sea garantizarle a la comunidad los derechos a gozar de un ambiente sano, a la salud y a que la prestación del servicio se haga de maneras eficiente y oportuna.