El abogado, Hernando Alvarez Urueña, explicó la acción de tutela que busca favorecer a personas vulnerables en la ciudad, con el tema de su alimentación por la crisis de la pandemia del COVID-19. 

Álvarez afirmó que dicha petición busca garantizar alimentación de los más vulnerables en Ibagué, teniendo el confinamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional. 

“Yo venía desde muchos días atrás, estudiando la problemática de Ibagué, y llegue a la conclusión que en primer no he visto en ninguna parte en Colombia donde se haya impetrado una tutela que tengas las características que estamos haciendo”, expresó. 

El jurista aludió que se están presentando violaciones a los Derechos Humanos, referentes a la dignidad humana, por lo que el estado debe garantizar la alimentación en medio de la actual crisis por el virus.   

“Sencillamente yo estoy invocando en primer lugar, la violación de los derechos humanos que está contemplada en articulo 25 y 11 del Pacto Internacional de los Derechos, Económicos, Sociales y Culturales.

El artículo primero que es el principio de la dignidad humana, el artículo quinto la primacía de los derechos de las personas y el artículo 44, que establece todos desde la violación de los DDHH establece la obligación del estado de darle la alimentación que requiere una persona en casos como lo que estamos sufriendo”, reveló. 

“Es obligación del estado que si mandó a guardar a las casas y no tenemos como salir, nos den los alimentos que corresponden, es así de elemental”, agregó. 

Además, enfatizó en unas declaraciones del alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, quien manifestó tener la cifra de persona catalogadas en pobreza en la capital del Tolima. 

“El alcalde de Ibagué 26 de marzo dio una rueda de prensa y dijo claramente que en Ibagué existen 98.000 habitantes en estado con ingresos entre 117.001 pesos a 257.453 mensuales, o sea que esos 98.000 habitantes se ganan 3.500 pesos diarios”, aseveró. 

Y añadió, “Esto lo dijo el alcalde para significar que él iba a comprar 300.000 mercados y que los iba a repartir entre la gente pobre, porque ya los tenia clasificados”. 

Así las cosas, la acción de tutela interpuesta, buscan actuar bajo el principio de la igualdad de los habitantes, y buscaría que no se entreguen 16.000 mercados, sino 98.000, los cuales están caracterizados en esta condición en la ciudad. 

“Lo que yo pretendo es que en un principio de igualdad, que está contemplado en la constitución nacional, no sea a 16.000 habitantes a los que se les va a entregar mercados, sino que sea a esos 98.000 que él está diciendo que tiene caracterizados como pobres, eso es un principio de igualdad”, finalizó.