El Concejo buscará una demanda de lesividad contra el proceso de elección del personero de Ibagué si los aspirantes al cargo no aceptan que se inicie de cero la convocatoria.

Econoticias analizó en el Ping Pong Político si esta salida que adoptaran los concejales es o no la más viable.

“Hay que partir que hace una semana nos invitaron para diéramos una posibles salidas a las irregularidades que tenía el concurso de personero, en efecto tal cual como se recomendó el presidente del Concejo presentó una propuesta para que se comience el proceso de revocatoria”

Según Aranzales se debe ahora solicitar el permiso a los participantes en el proceso “De entrada decimos que es una figura viable y respeta los derechos de los participantes”.  

Para el abogado en el caso de no obtener el permiso por parte de los interesados se deberá interponer una demanda “En un momento dado por economía procesal deberán acular las pretensiones, es decir hacer un solo proceso”.   

Según el presidente del cabildo, Cesar Franco, los concejales aceptaron en la sesión de ayer que existieron irregularidades en la contratación del Centro de Consultoría, Investigación y Edición Socio Económica de Villavicencio por lo cual harán el llamados a los interesados en el cargo para que se determine si están o no de acuerdo con la decisión que se quiere adoptar.

Recordemos que el contrato fue adjudicado en la presidencia de Juan Pablo Salazar en noviembre del año 2019, pese a que desde el inicio de la convocatoria Econoticias junto a los abogados Luis Felipe Aranzales y Ernesto Espinosa puso al descubierto los aparentes vicios de ilegalidad del proceso se decidió continuar adelante.

Controversia

De mantenerse los procesos jurídicos en contra de la elección, el procedimiento tardaría por lo menos (2) años, en este caso se deberá designar un personero encargado. En el análisis al interior del cabildo se indica que se podría designar a Camilo Ossa antes del 29 de febrero o si jurídicamente no es viable se designaría a la persona de más alto rango al interior de la entidad.

A la vez se deberá analizar si se da por terminado el proceso, si existió un detrimento patrimonial al contrtar a la entidad de Villavicencio por parte de Juan Pablo Salazar.

“Se deben conocer los respónsales en lo disciplinario y lo penal, pero que además reparen el erario”, puntualizó el abogado Luis Felipe Aranzales.