En el Concejo Municipal de Ibagué se dieron a conocer graves denuncias que comprometen el proceso de actualización catastral mediante el cual se soportó el polémico cobro de impuesto predial. No obstante, dicho escenario ahora está siendo desvirtuado por los mismos funcionarios y contratistas adscritos a la territorial Tolima.

El pasado 12 de noviembre, Mayerly Martínez, quien oficia como auxiliar administrativa y líder sindical, expuso ante los cabildantes lo que sería un enorme caso de corrupción que supuestamente involucra intereses de favorecimiento a la Alcaldía de Ibagué tras el escándalo que se generó con el 'predialazo', pero 10 días después es desmentida por sus mismos compañeros de trabajo.

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Econoticias conoció en exclusiva los documentos que fueron dirigidos hacia la Dirección General del IGAC, uno firmado por funcionarios y otro por contratistas. En ambos se deja en claro la postura adversa que tienen los firmantes con respecto a las fuertes declaraciones hechas por Martínez la semana anterior.

"Estas manifestaciones nos afectan y generan angustia entre nuestros familiares, conocidos y frente a la ciudadanía en general", dice una parte del comunicado en el que también se relaciona el supuesto "alto grado de conflictividad" que tiene la auxiliar administrativa que decidió poner en conocimiento de la opinión pública las graves denuncias.

Por último, funcionarios y contratistas le llaman la atención al director general, Óscar Felipe Marles Monje, frente al trabajo de Mayerly Martínez, pues en medio de su ejercicio de revisión de resoluciones en borrador habría soportado "conjeturales irregularidades" a manera de pruebas para sustentar su exposición en el Concejo Municipal.