Mediante fallo de primera instancia, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito niega la solicitud hecha por Humberto Quintero para lograr su reintegro al Concejo Municipal, y además desvirtúa el argumento de vulneración de los derechos fundamentales al mínimo vital y debido proceso.

En efecto, el cabildante -en calidad de accionante- solicitó que se ampararan sus derechos presuntamente vulnerados por no ordenar el reintegro a la Corporación. Sin embargo, tras estudiar las premisas fácticas y jurídicas, el Juzgado concluyó: 

"Para el despacho está claro que las actuaciones desplegadas por el Concejo Municipal de Ibagué y la Procuraduría General de la Nación fueron ajustadas a derecho y no representan una vulneración a los derechos reclamados por el actor. No es admisible el argumento del accionante de que el término de 9 meses de suspensión que le fue impuesta por la Procuraduría debía empezar a contar de manera independiente para él una vez se notificó el día 20 de diciembre 2018, teniendo en cuenta que es que uno es el acto que impone la sanción y otro es el acto que le da cumplimiento".

En ese orden de ideas, se resuelve negar el amparo invocado por Humberto Quintero contra la Procuraduría y el Concejo. La decisión fue notificada a todas las partes según le preceptiva consagrada en el Artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.