La semana pasada el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la tutela interpuesta por los concejales de Ibagué que fueron sancionados por la Procuraduría a raíz de la elección irregular del excontralor Ramiro Sánchez, quien sí fue absuelto luego de que se comprobara que no estaba inhabilitado para ejercer el cargo.

Con lo que sería la caída de la última estrategia que tendrían los cabildantes bajo la manga, el acato del fallo del organismo de control se convertiría entonces en la única opción para los 16 concejales (15 en ejercicio y uno en condición de secretario departamental), o por lo menos así lo dio a entender Marco Tulio Quiroga, quien ya se refirió al proceso de empalme con la nueva Mesa Directiva.

“Nos hemos reunido con el doctor Juan Pablo Salazar para que asuma las funciones correspondientes por cuanto nosotros ya no podemos actuar como mesa directiva, ni como concejales porque estamos suspendidos (…) él asume las tareas administrativas como presidente y con los demás compañeros que no han sido sancionados procederán a armar la nueva mesa”, explicó Quiroga.

Por su parte, Juan Pablo Salazar explicó que como la sanción también contempla a la Vicepresidencia del Cabildo Municipal, entonces al cargo de presidente asciende la Segunda Vicepresidencia.

El registro reciente

El ex-contralor de Ibagué, Ramiro Sánchez, fue absuelto por la Procuraduría luego de que su defensa argumentara que la ESAP no tiene jurisprudencia únicamente en el departamento del Tolima, sino que para efectos legales su operación está determinada por el territorio nacional, situación que desmiente la supuesta inhabilidad con la que fue señaladao y sancionado.

ras conocerse el fallo que finiquita la inhabilidad del ex-contralor, el concejal del Partido Liberal, Ernesto Ortiz, dijo que entonces también debería levantarse la sanción a los cabildantes. Y es que en efecto, si hoy la Procuraduría establece que Sánchez no se encontraba inhabilitado, el accionar de los 15 concejales que llevaron a cabo la elección pasaría a estar dentro de los términos legales y por ende la sanción de nueve meses recientemente interpuesta también debería irse al piso.