La Procuraduría General de la Nación suspendió a 15 concejales de Ibagué por la presunta elección irregular del contralor Ramiro Sánchez, situación que generó múltiples reacciones, no solo por la imagen del Cabildo ibaguereño, sino también por el hecho de que la ciudad quedó prácticamente en manos de cuatro políticos.

En diálogo con Econoticias, el veedor nacional Harold Ríos Tinoco dijo que se trata de una posibilidad inconstitucional que el Concejo de Ibagué se quede funcionando únicamente con cuatro miembros, y agregó que el caso tendría que llevarse hasta la Corte Constitucional.

"No vamos a permitir que ese micro-Concejo vaya a tener semejante poder y vaya a decidir por una ciudad que está cerca del millón de habitantes. Eso es abiertamente inconstitucional, la ciudadanía tendrá que alzar su voz de protesta porque no lo vamos a permitir; imagínese a Guillermo Alfonso, que si antes tenía Concejo 'de bolsillo, ahora mucho más", argumentó Ríos Tinoco.

El veedor fue reiterativo al cuestionar el poder que tendrían los únicos cuatro concejales que quedaron habilitados para seguir ejerciendo su cargo. Según Harold Ríos, la Ley 136 comprende para el municipio de Ibagué un total de 19 concejales, por lo que sería esa la vía para que la ciudadanía establezca un reclamo jurídico.

Más declaraciones

Por su parte, Julio Enríquez, dirigente del Polo Democrático en el Tolima, recordó que varios concejales supuestamente "le arrebataron a Marcela Jaramillo el concurso que limpiamente se había ganado para ser la contralora de la ciudad". Enríquez dijo que el Polo manifestó su posición de rechazo dese que los cabildantes al parecer desconocieron el concurso.

"Yo pienso que al margen de los aspectos jurídicos que pueda tener esta controversia, a mi modo de ver el hecho principal es el jurídico. Los colombianos han puesto en primer lugar de sus preocupaciones la corrupción (...) aquí no solo se suma la corrupción de estos concejales, sino la corrupción de la Procuraduría", agregó Julio Enríquez.

Otras impresiones

El abogado Hernando Álvarez Urueña dijo que con la sanción la ciudad se queda sin Concejo Municipal y no habrá ningún tipo de control político y administrativo sobre la Alcaldía. "Podemos caer en una dictadura en la cual un alcalde puede intentar hacer todo lo que quiera", agregó el jurista.

Hernando Álvarez Urueña recalcó que el gran damnificado es el ciudadano que eligió 19 concejales para que lo representaran, y citó la ley para admitir que resulta imposible pensar en suplir las vacantes con quienes quedaron en la fila de votación.