Más de 230 familias residen en la zona del Hato de la Virgen en Ibagué, sin embargo, la garantía de permanencia de los ciudadanos ha permanecido incierta durante los últimos meses. El abogado Hernando Álvarez Urueña se ha encargado de liderar la defensa de quienes habitan en ese sector y siempre ha estado al tanto de las acciones populares con las que pretenden tener garantizada una vivienda digna.

Álvarez Urueña dijo que el primer fallo con relación a ese tema se dio en el año 2005 y luego hubo una deterninación definitiva en el 2010 por parte del Consejo de Estado. El abogado recalcó que el oficio establecía un desalojo del lugar en pro de la conservación de la quebrada que lleva el mismo nombre, pero siempre y cuando se gestionara una reubicación de los ciudadanos.

"El Estado les ha cobrado impuesto predial, hay una confianza legítima cuando el Estado permite que esas cosas sucedan. Lo que nosotros estamos haciendo es primero que todo visibilizar el problema, eso se estaba llevando muy calladamente", agregó Hernando Álvarez, quien además denunció que un primer fallo establecía desalojo forzado en el mes de septiembre, al parecer sin tener en cuenta el futuro de las familias.

"No estamos hablando de vacas que están pastando en un terreno ajeno y que hay que sacarlas, sino que estamos hablando de seres humanos, seres que representan mujeres en embarazo, personas de la tercera edad, niños discapacitados, personas que deben tener una protección especial del Estado por ser vulnerables", manifestó Álvarez Urueña.

El abogado dijo que las 'piedras en el zapato' pasan por la eventual solicitud de préstamos a los bancos para iniciar un proceso con vivienda de interés social. "De esas personas no le prestan plata a más de siete", aseguró Hernando Álvarez, quien recalcó que la entidad no le va a ceder dinero a una persona que trabaja esporádicamente en una casa de familia o que vive del reciclaje.

Álvarez Urueña cuestionó el hecho de que al parecer la Alcaldía como único mecanismo de solución para los habitantes del Hato de la Virgen contempló un subsidio de arrendamiento por un periodo de seis meses.