Veliz Mejía indicó que en realidad son dos decretos que vienen perjudicando al sector constructor del Tolima e indicó que el principio de garantizar el agua potable es correcto pero el mecanismo que se utilizó tenía vicios de ilegalidad.

“Camacol nacional se puso frente al tema y logramos hacer un trabajo con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Alcaldía para poner orden al tema, infortunadamente los 32 acueductos comunitarios que existían en ese momento tenían de pequeñas a grandes falencias, entregaron un informe con el informe de cada uno de ellos y notificaron sus fallas dándoles plazo para responder”.

Mejía indicó que los acueductos comunitarios están en el proceso de superar las fallas y por eso la Alcaldía estaría dispuesta a derogar los decretos antes de finalizar el año.

“La licencia de construcción se puede gestionar pero tener disponibilidad de servicios públicos para que se la entreguen, cuando la Alcaldía interviene se presume que el llamado sería a que el Ibal tome los acueductos que no cumplieron con los requerimientos de la Superintendencia. Hay unos acueductos comunitarios sin embargo que en dos meses se pondrán a punto, ellos requieren cobertura, continuidad y calidad de agua”.

El presidente de Camacol en el Tolima comentó que es muy complejo que las personas deban acceder a agua no potable y sin continuidad por lo que era imperativo que la Superintendencia los pusiera en cintura.

Además indicó que las obras de infraestructura que se están realizando en la bocatoma del Combeima y Cocora les mejorarán la calidad de vida a los ibaguereños.

“Ibagué no es la única ciudad en Colombia que ha sufrido con los acueductos comunitarios pero parece que es la primera que los va a solucionar. Cuando comenzó la administración no empezó bien la relación pero a medida que hemos trabajado conjuntamente se ha ido mejorando, como gremio queremos apoyar a Ibagué”.