“Este decreto de la ‘Línea negra’ no es una imposición de culto, ni credo, ni religión, no vulnera la propiedad privada, no reglamenta, ni modifica la consulta previa, ni mucho menos convierte a los grupos indígenas en autoridades ambientales. El objetivo del decreto es garantizar el acceso de las comunidades indígenas a las zonas sagradas para que puedan realizar sus cultos y prácticas mágico religiosas”, señaló el mandatario saliente.

Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, explicó que este decreto se expediría en respuesta a un mandato de la Corte Constitucional que pide la redefinición de estos espacios sagrados, en donde se prevé la obligación para los propietarios de estos terrenos de conservarlos y protegerlos, en garantía del principio ecológico de la propiedad privada que está consagrado en la Constitución Política.

“Es un decreto que busca proteger los sitios sagrados de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y que además protegerá las fuentes hídricas que nacen en la Sierra y que les sirven a los departamentos de Cesar, La Guajira y Magdalena. Pero también estos sitios sagrados van a ser muy importantes para el turismo en esta región del país”, indicó Rivera.

Sin embargo, desde varios sectores se ha rechazado este decreto debido a que podría afectar la propiedad privada y generaría consultas previas para el desarrollo de proyectos en el área delimitada.

Una de esas posturas es la de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), quien ha indicado que con ese decreto se impacta la naturaleza del territorio generando una incertidumbre jurídica para los proyectos de construcción que se desarrollen en la zona.

“Somos absolutamente conscientes y compartimos la idea de que la Sierra y sus sitios aledaños toca protegerlos y no es que estemos en contra de eso. La línea negra está definida desde 1995 con aproximadamente 54 puntos o sitios sagrados y en lo que hace el decreto es aumentarlos a 348 puntos y además no solo contempla estos puntos sino unos polígonos lo que deja entrever que se está delimitando un territorio”, indicó Sandra Forero, presidente de Camacol.

Esta delimitación del territorio, según Camacol, “afecta y cambia la naturaleza a este territorio y para cualquier actividad que se vaya a dar al interior del mismo, se requieren no solo consultas previas sino que va haber un impacto especifico sobre la propiedad”.

Ante esta postura, Rivera indicó que el decreto no afecta la propiedad privada ni genera consulta previa sobre el desarrollo de proyectos de infraestructura como se ha venido especulando. Además, indicó que como garantía de seguridad jurídica, se crea una instancia de seguimiento y protección a la Línea negra, conformada por gobernadores (Cesar, Guajira y Magdalena), Corporaciones Autónomas Regionales, Gobierno Nacional y comunidades indígenas, en donde estará como garante el Ministerio Público.

“De ninguna manera este decreto genera consulta previa para los desarrollos de infraestructura que se vayan a adelantar en los departamentos del Cesar, La Guajira y el Magdalena. Tampoco tiene afectación sobre la propiedad privada. Es fundamentalmente, una ubicación de sitios sagrados, la garantía de que los miembros de la Sierra Nevada de Santa Marta puedan acceder a esos sitios a desarrollar las actividades propias que ellos desarrollan conforme a su cultura”, explicó Rivera.

Sin embargo, ante este tipo de pronunciamientos el presidente saliente Juan Manuel Santos indicó hace unos días que detrás de esto hay unos intereses particulares que no se deben anteponer ante a la protección ambiental y cultural de la Sierra Nevada de Santa Marta.

“Hay intereses muy concretos que están en contra de este tipo de decisiones, pero las decisiones hay que tomarlas y la protección del medio ambiente me parece mucho más importante que defender unos derechos particulares, por eso voy a firmar el decreto de la ‘Línea negra’”, dijo Santos.

El primer mandatario también aclaró que se han difundido todo tipo de rumores sobre sus implicaciones de este decreto y aseguró que “no es una imposición de culto o religión, como han venido diciendo, no vulnera ni desconoce, de ninguna forma, la propiedad privada, tampoco vulnera los derechos adquiridos de terceros y de comunidades étnicas, que pueden estar en conflicto una con otra. Todo lo contrario, lo que hace es garantizar su protección y busca armonizar todo con los derechos de las comunidades indígenas”.

Pero de acuerdo con la representante del gremio, las preocupaciones no solo han sido las de Camacol sino también de más de 30 gremios y de los gobernadores de la región porque se le cambia la naturaleza a este territorio.

“En nuestro caso, para construir vivienda formal o un hotel, un centro comercial o cualquier edificación lo que tenemos que sacar es una licencia sobre las normas que existen actualmente y al cambiarse la naturaleza del territorio esta normatividad se ve alterada, mínimo, con la exigencia de hacer consultas previas las cuales no están completamente reguladas en el país”, manifestó Forero.

Otra de las puntos que reclama Camacol es que la cartografía sobre los puntos que contempla el proyecto no ha sido publicada y por lo tanto no se sabe exactamente que territorio quedará entre el polígono, además indicó que este proyecto se lleva trabajando cuatro años con las comunidades indígenas de la zona sin la participación de los representantes del sector de la construcción.

“Lo ideal es que a nosotros como representantes del sector nos hubieran involucrado en esas discusiones, porque no es un tema menor sino de altísima trascendencia, no solo para este región sino para el precedente que puede dejar”, manifestó Forero.

En ese sentido, en unos de sus últimos actos como presidente de la República, Juan Manuel Santos, le cumplió a las pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, pero dejó armada una polémica en la región sobre los alcances que tiene el decreto que redefine los espacios sagrados de estas comunidades y el impacto que puede generar en el desarrollo de proyectos en la zona.