Acceder a vivienda propias es uno de los mayores sueños de las familias ibaguereñas y más aquellas de bajos recursos que requieren de un apoyo económico para acceder a un proyecto urbanístico, sin embargo la ciudad atraviesa una difícil situación pues pese a que el Concejo aprobó 10 mil millones de pesos para subsidios, éstos recursos no se han ejecutado hasta el momento.

El concejal Humberto Quintero explicó que tuvo la oportunidad de revisar el documento en que la Alcaldía habla de la reglamentación de los subsidios de vivienda a través del decreto 0670 del 31 de julio del 2018 y encontró que sus términos son bastante irrisorios para los ibaguereños.  

“El mencionado decreto dice que para que una familia pueda acceder al subsidio debe tener hasta 4 SMLV o inferior a 4 SMLV es decir estamos hablando de un promedio de 3 millones de pesos que no están al alcance de un estrato 1 y 2, además se mantiene el obstáculo de que la población que se encuentra en estos sectores vulnerables están por encima de los 40 puntos del Sisbén lo que no les permite acceder al beneficio”.

¿Podrán postularse las personas de estratos vulnerables? 

El concejal explicó que esta reglamentación deja por fuera a las personas vulnerables de la ciudad pues solo aquellos con una buena estabilidad económica podrían aspirar a estos subsidios.

“Por ello radicaré la convocatoria directa del decreto teniendo en cuenta que va en contravía de la sentencia 203 de la Corte Constitucional donde se habla de una ciudadana que lo único que se gana son 225 mil pesos producto de un auxilio del adulto mayor y dulces en la calle, esta reglamentación es una burla para la gente humilde de la ciudad y por eso vamos adelante con la consulta popular de vivienda porque Jaramillo predica pero no aplica”.

Quintero manifestó que el artículo 14 del mencionado decreto establece los requisitos para postularse a los subsidios e indica que se deben tener hasta 4 SLMV y eso va en contravía de la ley 1537 del 2012 y del decreto 1921 del 2012, además de la norma superior que es el artículo 311 de la Constitución que indica que el Estado debe garantizar la vivienda digna y entregar los mecanismos económicos para obtener el derecho.