Desde hace varios meses existe un proceso en contra de los concejales de Ibagué por las aparentes elecciones irregulares de personero y contralor, el veedor ciudadano Harold Ríos Tinoco ha liderado el proceso y nuevamente solicita a los entes de control que agilicen la decisión.

“Nosotros siempre hemos buscado que la moralidad administrativa sea respetada por los servidores públicos del país, los concejales de Ibagué han atentado en contra del ordenamiento jurídico y engañaron a la ciudadanía, atentaron contra los derechos colectivos, buscamos que la moralidad administrativa sea defendida”, indicó Ríos Tinoco.

El veedor comentó que los concejales buscaban un ‘contralor de bolsillo’ que le hiciera juego a los interés particulares y en ese afán cometieron un error que debe ser castigado para que se siente un precedente y los ciudadanos puedan volver a creer en las entidades.

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“Con ese tipo de actuaciones no se comenten simples errores administrativos ‘o de buena fe’ el contencioso administrativo aclaró, afirmó y detalló que los concejales actuaron de mala fe y por tanto deben ser sancionados definitivamente”, indicó el veedor.

Puntualizó que han pasado más de 7 meses de la primera instancia y los plazos para resolver la segunda instancia se vencieron en marzo por lo que la veeduría ciudadana ha encaminado algunas acciones tales como memoriales que puedan dar lugar a una acción de cumplimiento que se radicará en el Consejo de Estado para que la Procuraduría que cumpla los términos y resuelva en derecho.

“No estamos pidiendo que se tuerza una decisión sino que se actué en derecho, los concejales atentaron contra el ordenamiento jurídico, un comportamiento que raya con el delito disciplinario y estamos pidiendo que se castiguen, nosotros creemos que una sanción de 9 meses no es suficiente para la gravedad del error, hemos solicitado que se destituyan y se inhabiliten por 10 años porque actuaron de mala fe y se deben castigar”, indicó Ríos Tinoco.

Puntualizó que el proceso se encuentra en el despacho de la sala disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación por lo que se espera que en máximo 1 mes se resuelva y se le entregue a la ciudadanía una decisión final pues no habría otra instancia.

“Si se mantiene la sanción por 9 meses nuestra veeduría no iniciará más acciones y serán los concejales quienes determinen si le hacen control de legalidad ante el contencioso”, recalcó el veedor ciudadano.