El día de ayer el Tribunal Administrativo del Tolima acogió las objeciones formuladas por el gobernador de este departamento, Óscar Barreto Quiroga, al acuerdo municipal que pretendía prohibir Ibagué actividades de prospección, exploración, construcción, montaje, explotación y transformación minera.

Según el Tribunal, el acuerdo “desconoce el contexto de la conformación del ordenamiento minero dentro de un territorio determinado y contraría abiertamente la Constitución Política, la ley y la línea jurisprudencial elaborada por la Corte Constitucional sobre el particular”.

Alberto Cruz, representante de la Asociación Minera del Tolima, afirmó que el sector se siente feliz por el fallo y comentó que el Tribunal respaldo que la minería es una actividad legal y protegida por la Constitución Colombiana que no se puede parar ni con consultas ni decretos. 

“Los entes municipales no tienen potestad para frenar la minería, los altos tribunales de Colombia siempre han fallado que tenemos que concertar de forma técnica y no con ‘quereres’ hay que hacer un estudio de impacto ambiental serio y demostrar cual será la mitigación”. 

Cruz enfatizó que hace un año se dio el fallo de los derechos adquiridos donde se señala que hay que concertar en los lugares en que se puede hacer minería, pues está muy claro que hay sitios en los cuales no se puede hacer minería como los páramos y las zonas de  reserva forestal. 

“Creo que Jaramillo ha tenido un desgaste pues si vemos la consulta en Cajamarca se puede ver claramente el impacto delas consultas mineras y al analizarlo determinamos que los ambientalistas hacen la consulta y luego desaparecen, en Cajamarca quedaron más de 400 personas sin trabajo y más de 1.500 personas más afectadas de forma indirecta, pero los ambientalistas no aparecen con ningún proyecto para ellos”.