En palabras del secretario de Desarrollo Rural, César Picón, “todavía no conocemos el fallo, pero nos enteramos de la noticia a través de la oficina de  prensa  de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, donde se está hablando de prohibir que el municipios decida sobre el ejercicio de la minería”. 

Explicó ante la veracidad de este fallo que deberían ser los mismos ciudadanos quienes tomen la decisión sobre las actividades mineras, “así como el modelo para desarrollo que quieres para su ciudad y está tan claro que se necesita una consulta popular, porque de los contrario estaríamos a merced de las decisiones que pueda tomar un gobernante”.

Ante esa afirmación el funcionario resaltó que los tolimenses tienen un gobierno departamental ´afecto a la mega minería´, destacó que las acciones que está tomando ahora sobre prohibir las decisiones de que el municipio pueda tomar disposición sobre la minería en su territorio, ya lo ha hecho saber en otros escenarios. 

“En otras oportunidades el gobierno departamental lo ha hecho pero claramente en este momento tomó todos los argumentos de la Agencia de Defensa del Estado para contrariar los sustentos jurídicos tan claros y tan contundentes que tenían el proyecto de acuerdo que votaron los concejales de Ibagué para preservar el equilibrio ecológico de la ciudad y prohibir esa mega minería contaminante que representa gran amenaza a todos los ibaguereños, es así como ellos logran que el Tribunal Administrativo del Tolima avale esos conceptos jurídicos”.    

Picón precisó que la Administración Municipal es muy respetuosa con las decisiones que tome el Tribunal, pero agregó que están en completo desacuerdo con el mismo, ya que es un precario apoyo y acciones completamente radicales que se están viendo desde el gobierno departamental. 

“Para todos los ibaguereños que tenemos la plena convicción de que nuestra ciudad no puede convertirse en un santuario de la mega minería porque entendemos que nuestros recursos naturales son más valiosos que cualquier recurso económico que se pueda generar a partir del extractivismo”. 

El secretario de Desarrollo Rural concluyó diciendo que el territorio no tiene ningún apoyo político desde el gobierno departamental, “aquí se han dado todos los presupuestos, se ha insistido en una consulta popular para que fueran los ciudadanos quienes decidieran como la minaron jurídicamente a través de las artimañas crearon los pro-mineros, luego se llevó esta decisión del Concejo de Ibagué, quienes coherente con los principios y postulados en defensa de los recursos naturales, votaron positivamente el proyecto de acuerdo pero infortunadamente encontramos que desde la Gobernación se dio   toda la oposición radical para que eso se pudiera llevar a cabo”.

“Ahora lo que nos queda es alerta a la ciudadanía de que esas más de 40 mil hectáreas de concesionadas en el Cañón del Combiema y otras zonas abastecedoras de agua pueden llegar a convertirse en minas a cielo abierto que terminen por afectar de manera trascendental y dramática los recursos naturales, y las posibilidades que tenemos para abastecernos de agua, de alimentos y de todo lo que necesitamos para vivir, no obstante debemos decir que la lucha debe continuar, habrá que interponer los recursos jurídicos que nos queden y que sean necesarios para defender esa visión de desarrollo sostenible que tiene este gobierno con el respaldo de la ciudadanía".