En palabras de Luis Alfredo Huertas, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué, este año no ha sido fácil para las empresas formales e informales de la región y el país, es consciente además de que los cobros por el uso del espacio público se deben hacer pero no entiende cómo estos dineros adicionales que se deben hacer con el nuevo decreto de la Administración Municipal genere discriminación entre los empresarios porque la aplicación para unos inicia en los próximos días y para otros dentro de seis meses. 

“Nosotros somos los primeros que estamos de acuerdo en que el espacio público es sagrado, por eso quien lo use sencillamente debe pagar ya que este tipo de recaudos le ingresan al municipio para el cuidado de dicho espacio, pero ya sería un nuevo cobro, una nueva responsabilidad más para el empresario que desde el año pasado viene con más impuestos hasta llegar al punto de sentirse ahogado”, precisó Huertas.       

Aclaró que desde la CCI se viene trabajando con los distintos gremios como Fenalco y Acodres junto a la Alcaldía en mesas de trabajo donde han revisado que el nuevo decreto tiene una reducción del 75%. 

“Yo creo que este es un tema que hay que manejar muy bien, ya que debe haber un punto balance, además la tarifa tampoco debe ser tan baja que sea mucho mejor tener el negocio en el andén que pagar arriendo”.  

¿Discriminación?

El presidente ejecutivo explicó que con todo este tema del espacio público no están de acuerdo porque según él existe una discriminación en la aplicación de los cobros del nuevo decreto. 

“En lo que sí no estamos de acuerdo es que haya una discriminación con los empresarios formales e informales, porque la aplicación para los informales es para dentro de seis meses y para los formales empieza prácticamente desde ya en plena temporada comercial e diciembre y Navidad donde todos conocemos que no ha sido un año fácil y seguramente vamos a tener complicaciones si se da esa aplicación inmediata”.

La propuesta de la Cámara de Comercio es que los empresarios formales también tengan los seis meses de plazo para el pago del nuevo impuesto, adicional a ello saber cómo funcionará dicha recaudación pero con los trabajadores informales. 

¿No se tiene en cuenta a la CCI?     

Sobre los proyectos que el ente cameral ha tratado de proponer para mejorar y regular el espacio público, cómo el censo comercial para avaluar los inmuebles del tejido empresarial donde la Cámara de Comercio ofertaba algo más económico con respecto a Arco y otras empresas, así como también la no participación dentro del pacto por la Convivencia y  el Espacio Público, Huertas manifestó que sobre lo primero la entidad va a continuar pasando propuestas para desarrollar actividades que se necesitan en la ciudad.

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“Es cierto que veníamos trabajando con Acodres, el mismo alcalde, con Juan Espinosa, secretario de Hacienda y el secretario de Gobierno de ese momento y con el actual y digamos que hemos venido discutiendo el tema en repetidas ocasiones, pero yo creo que ese pacto es algo aislado de lo que nosotros venimos discutiendo, es algo que seguramente habló Fenalco directamente con la cartera de Gobierno”.

Frente al tema del pacto precisó que, “es un tema que cada gremio tiene su dinámica, seguramente Fenalco ha venido trabajando con la Secretaría de Gobierno en estas propuestas, de la cual yo también quede sorprendido porque no sabía que iba a darse este pacto en ese sentido, la verdad nos hubiese gustado estar ahí presentes pero de igual forma apoyamos a Fenalco como representantes de los comerciantes”.

Concluyó que lo que realmente le interesa a la Cámara de Comercio es que existan acciones en la ciudad donde se pueda tener el espacio público bien administrado. 

Sobre el pacto y el decreto 

Así mismo, el director de Fenalco Tolima, Óscar Germán Díaz Enciso, explicó cómo funciona el Pacto por la Convivencia y el Espacio Público e hizo una invitación a los comerciantes para que su cumplimiento se lleve a cabo de la mejor manera. 

“Este pacto nace de una iniciativa de la mesa de concertación de espacio público que viene liderando Fenalco hace varios años, vemos con buenos ojos que el pacto se realice e invitamos a los empresarios cumplirlo en su mayor proporción, así mismo a que los ciudadanos compren en el comercio formal y apoyar la formalidad, este ha sido un año difícil para el comercio nacional y regional también donde registramos un decrecimiento en ventas del 30% y 40% dependiendo del sector económico que analicemos, por eso reiteramos la invitación para el cumplimiento del pacto”. 

Sobre la aplicación del decreto 378 que hace referencia al aprovechamiento del espacio público el cual se firmó el pasado 17 de mayo de este año, precisó que no había empezado a regir por su solitud de Fenalco y varios gremios económicos debido a que necesitaban hacer las respectivas mesas técnicas, “finalmente se logró una reducción del 75% de la tarifa, pero consideramos que sigue siendo alta, por eso ya nos reunimos con los diferentes sectores que representamos entre esos el sector tendero donde manifiestan su preocupación ya que ellos ocupan 15 metros cuadrados de espacio público que está estipulado para el estrato 1 y 2, la tarifa sería de 93 mil pesos mensuales, que para ellos viene siendo muy alta”.

Recordó que Fenalco es consciente de que muchos de los sectores que ellos representan están ocupando el espacio público y debe pagar por eso, “los comerciantes no se oponen al pago, ellos están dispuestos a pagar siempre y cuando dichas tarifas sean justas y que se compadezcan con la realidad económica del país y la ciudad”. 

Díaz Enciso dijo que si comparamos a Ibagué con otra ciudad, venimos siendo la más baja, pero no se compadece con la situación que se está sintiendo en los decrecimientos antes mencionados, además de eso con un impuesto del IVA del 3%.

“Esto lo que va a generar es una reducción en la venta de los formales, porque los informales están en la calle ocupando el espacio público, por eso solicitamos al secretario de Gobierno para que se analice la disminución de la tarifa pero que también sea equitativa la modificación del decreto el cual establece que se aplica inmediatamente luego de su firma, es decir a partir del 23 de noviembre, pero les da un plazo a los informales, lo que para nosotros no es justo, todos deben ser medidos bajo la misma lupa”.

Dado el caso que la tarifa no se pueda ajustar más, el director de Fenalco explicó que los comerciantes deberán tomar varias decisiones, una de ellas es que si tengo un restaurante y me cuesta sostenerlo podría ser que se suban los precios en los productos que manejan, mitigar del alguna forma ese costo adicional y/o despido de personal. 

Sorprende una aparente falta de estrategia de comunicación de parte de Fenalco dado que se convocó una rueda de prensa el día de ayer para hablar de un Pacto para promover la cultura de la legalidad, la formalización y el buen uso del espacio público, el mismo día en que se socializa la insatisfacción de sus afiliados y miles de tenderos de estratos 1 y 2 de Ibagué que no están de acuerdo con la implementación del mismo por considerar que las tarifas siguen siendo altas, dada la precaria economía ibaguereña, lacerada por muchos impuestos nacionales, el monotributo y los nuevos gravámenes locales. Si bien es cierto podrían ser dos temas distintos en el fondo se está hablando del futuro del espacio público de la ciudad y la súbita ‘cortada de cara’ a la Cámara de Comercio de Ibagué, de la cual ya se sabe no hay química con la Administración Jaramillo por no separar esta última los temas técnicos y la diferencia con el manejo de los impuestos que se deben cobrar al empresariado ibaguereño con posibles diferencias entre el secretario de Hacienda de Ibagué, Juan Espinosa, hermano del ex presidente de la CCI, Guillermo Espinosa, con el actual presidente ejecutivo de la CCI, Luis Alfredo Huertas, este último exhortando a no subir más los impuestos locales en el caso puntual de Industria y Comercio y los avalúos catastrales comerciales, motivo de diferencias al comienzo de este año.

¿Qué dice la Administración local?

Por su parte, el secretario de Gobierno de Ibagué, Marco Emilio Hincapié hizo referencia a que en Ibagué no existía antes de este decreto, 378, una ley y orden, las personas según él podían utilizar el espacio público como quisieran sin respetar el uso del suelo, habló sobre los casos puntuales donde el empresario tiene  más negocios en la calle que el propio local o negocio comercial y no le han retribuido nada de su uso al municipio.  

“Con el fin de avanzar y regular este tema de espacio público donde todos los días tenemos quejas y diferencias entre las ciudadanías, tomamos la decisión de expedir un decreto, una fórmula que para los gremios era muy alta, por eso se hizo una reducción del 75%, pero la cual para hoy todavía expresan es muy elevado, ante esto nos preguntamos si lo que quieren es dejar que la ciudad siga como está, donde se usufructúa el espacio público sin pagarle al Estado, cuando a nosotros como Estado nos toca garantizar que el espacio público sea de todos y de todas, esto es lo que realmente se debe a entrar a analizar”.

Puntualizó que dado el caso que el comerciante no se regule por este Decreto debe despejar el espacio público, “nosotros no estamos obligando a nadie, esto no es un tributo que está haciendo el municipio, simplemente es un contrato por explotación del espacio público, donde le decimos al comerciante que si quiere usar dicho espacio me debe pagar un arriendo”.

“Ibagué no es la primera ciudad de Colombia que lo hace creo que es de las últimas y estamos por debajo de la que estaba más bajo en el cobro del espacio público que era Pereira, entonces ante esto nos preguntamos cual va hacer la fórmula perfecta, ya la Alcaldía bajo a un punto del 75% y ya no va a bajar más, nos vamos a mantener”.  

Aplicación 

El funcionario municipal aclaró que estos cobros inician  previa solicitud que hagan las personas, para que luego se suscriba un contrato y desde ese punto empieza el cobro.  

Ley y orden 

Ante un tema más general, sobre los diversos gravámenes que ya existen para los empresarios del país y el Tolima, entre ellos la reforma tributaria, recarga del IVA, actualización de los catastros urbanos, comerciales, rurales, Industria y Comercio, monotributo y el cobro del espacio público, ¿Qué tanto puede afectar la economía ibaguereña a luz de las nuevas normatividades y decretos nacionales que podrían permitir que las empresas se trasladen territorio generando posibilidades de desempleo?

Nuestro medio de comunicación conoció casos puntuales donde empresas radicadas en la ciudad de Ibagué han solicitado traslados para otras regiones del departamento del Tolima, específicamente a Bogotá y el eje cafetero, que en un principio no afectan el pago de Industria y Comercio pero sí el recaudo de la matrícula mercantil y el impuesto de registro para la Gobernación del Tolima. Adicionalmente hay expectativa por la promulgación del decreto nacional 1650 que crea las Zonas Más Afectadas del Conflicto Armado, ZOMAC, donde 21 municipios tolimenses tendrán beneficios tributarios en renta y otras facilidades donde algunos de ellos, como Alvarado, Cajamarca, Rovira o Anzoátegui, podrían volverse una opción para montar factorías con menos impuestos que en Ibagué.

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Sobre estos casos que hoy en día suceden en la capital del Tolima, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué, Luis Alfredo Huertas, resaltó que lo primero que se debe tener claro es saber diferenciar entre un impuesto y un cobro adicional. 

“Esto del espacio público no es un impuesto es un sobre costo de arrendamiento, lo que pasa es que ese valor que se solicita se le va pagar es a la Administración Municipal, obviamente engorda la estructura de costos de un comerciante y el resultado que ya lo estamos viendo es el cierre de una cantidad de empresas pequeñas que están cancelando su matrícula mercantil”.

El análisis de Huertas es que dichas estructuras no dan y se hace imposible su sostenimiento, “cuando uno mira que la estructura de costo el 70% de su utilidad lo tiene que entregar al Estado, ya sea Nacional, local o regional, de forma de impuesto y que a eso le vamos a subir un sobre costos de arrendamiento, pues obviamente el tema es complicado”.

Sentenció además que este tema no aplica para todos los casos ya que hay empresas que no están utilizando el espacio público, es decir respetan el uso del suelo por tal motivo no deben pagar dicho sobre costos. 

“Sobre el tema de los posibles traslados futuros de empresas, lo cual se podría presentar por la creación de las ZOMAC, el decreto 1915 regulado por el Ministerio de Hacienda el pasado 22 de noviembre de 2017, considero que sí es peligroso para Ibagué, es una medida en que las empresas van a tener un exención de impuesto en estos municipios llamados zonas más afectadas por el conflicto armado”.

Es así como en el departamento del Tolima existen municipios, más cercanos a Ibagué, están incluidos dentro de las ZOMAC, lo cual en palabras de Luis Alfredo Huertas puede generarse se trasladen de Ibagué para esos municipios establecidos, “es decir dejarían de tributar en la capital tolimense y se llevaría el empleo y sus empresas para otro lado con este beneficio de la extensión”.  

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ZOMAC

“Sobre el decreto de las ZOMAC, la verdad nosotros lo estamos trabajando es para poder atraer empresas de otras regiones, para poder traer inversión a los municipios y generar empleos, sin embrago en la primera de cambios con los empresarios de Ibagué ellos han planteado irse a estos municipios”, argumentó Huertas. 

Precisó que se va a reunir con el secretario de Hacienda, Juan Espinosa, para hacer una mesa de trabajo y revisar los números en detalle por que los decretos ya son una realidad, trabajarán demás en conocer cuáles serían los riesgos para el municipio de Ibagué y tomar así las respectivas decisiones.  

En total, son 21 municipios de los 47 que tiene el Tolima los cuales les aplica  el decreto ZOMAC, entre ellos se destacan 8 pertenecientes a la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Ibagué: Cajamarca, Ortega, Roncesvalles, Santa Isabel, Venadillo, Anzoátegui, Rovira y Alvarado, este último es la mayor amenaza para la generación de empleo en Ibagué por su cercanía a la misma, es decir para el traslado hipotético de aquellas empresas que lo deseen. Es de aclarar que estos señalamientos municipales los determinó el Gobierno Nacional para promover el empresarismo en el post conflicto.    

Sobre estos traslados el presidente ejecutivo puntualizó que la afectación para la Cámara de Comercio es muy mínima,  según él lo que realmente afecta son los tributos departamentales. 

“Cuando un empresario va a la Cámara a pagar, la gran proporción son impuestos del gobierno departamental y un parte para el registro mercantil, pero esta última parte no excede en el mayor de los casos a los 2 millones de pesos, entonces una empresa grande que se va de la ciudad o registra su domicilio en Bogotá, pues la afectación en este caso no sería para nosotros, sino para él municipio o él departamento y obviamente no tiene lógica que cuando uno tiene toda su actividad aquí en la región este registrado en otro lado”. 

Datos 

En este momento hay 162 empresas registradas ante la Cámara de Comercio que han trasladado su domicilio a otro departamento en el último año. La mayoría según lo mencionado por Huertas se van para la capital, Bogotá, y para el eje cafetero. 

“La idea no es que se vayan, por eso nosotros hemos venido hablando con los empresarios y con las otras empresas que están en vías de hacer esa decisión para que entiendan es que pueden afectar directamente a la región, además de que consideren quedarse”.