En este sentido el director de Cortolima, Jorge Enrique Cardozo, comentó que la Corporación consideró importante presentar la demanda por nulidad dado que varios de los artículos del POT no surtieron el trámite de concertación con la autoridad ambiental como lo señala el artículo 66 de la ley 388 de 1997 que establece que al reglamentar condiciones ambientales en el POT debe ser concertado con la autoridad ambiental. 

Un triunfo ambiental 

Cardoso puntualizó que el pasado 19 de septiembre la Corporación conoció el fallo en primera instancia e indicó que muchos de los artículos vulneraban los límites ambientales y se cambiaron usos prohibidos por usos compatibles para vivienda campestre.

Puntualizó que también rebajaron el porcentaje de cesiones públicas que deben realizar los constructores lo cual perjudica las finanzas y sostenibilidad ambiental del municipio, agregó que el secretario de Planeación de la época lideraba las mesas de trabajo pero cuando presentaban las cartografías alteraban los acuerdos con Cortolima. 

“Esta situación nos desanimó mucho y fue por ello que presentamos ante el Tribunal está demanda, el fallo de primera instancia es un fallo que respalda todos los criterios de Cortolima durante 35 años con respecto a la formulación de los POT, el fallo anuncia que se estaba actuando de forma irregular, no es posible que estableciéramos una zona de protección para dividir el área rural del área urbana de 500 metros y la administración la bajará a 300 metros, otro artículo establecía el aumento de nivel de pendientes de las parcelaciones pero todo eso ya se encuentra en investigación en la Procuraduría Regional”, indicó Cardoso. 

Finalmente el director de Cortolima explicó que el juez cuarto administrativo del circuito de Ibagué realizó un amplio análisis y reviso artículo por artículo, producto de lo cual el artículo que permitía la construcción de vivienda campestre en zona rural ya está declarado como nulo. 

Ilegalidad del POT de Ibagué 

Frente al tema el reconocido abogado ambientalista, Camilo Páramo, quien represento a Cortolima en su demanda contra artículos del POT, indicó que Ibagué estaba sumido en un proceso de ilegalidad pues la administración pasada se dedicó a usar herramientas legales para favorecer intereses que no le corresponden a la ciudad sino a terceros.  

“Fue claro que querían favorecer intereses privados en la construcción y violentaron todas las normas para imponer un POT que daña las condiciones ambientales de la ciudad y con finalidad de permitir construcciones que no deben hacerse en Ibagué, espero que la Alcaldía de Ibagué no apele la decisión porque mientras actué como funcionario teníamos muy claro que la había ilegalidad en el POT pues se violó el proceso de concertación ambiental con Cortolima”, comentó Páramo. 

Sobre el artículo 411 donde se habla de vivienda campestre en zonas agrícolas de aptitud baja, que también fue demandado puntualizó que se presentó una violación abierta de la jerarquización de las normas ambientales pues si las acciones de la Alcaldía se consideran legales no haría necesario la intervención de Cortolima como autoridad ambiental. 

“Nosotros esperamos que este artículo también se declaré nulo y le recomendaría a Cortolima que apelé porque el POT fue abiertamente ilegal y se violó la normatividad de muchas maneras, los daños que este mal instrumento de planeación le dará a la ciudad son a mediano y largo plazo, por tanto creo que debería considerar la nulidad total del Plan de Ordenamiento Territorial”.