Rodrigo Negrete, abogado especialista en medio ambiente, se refirió al acuerdo que prohíbe la minería contaminante en el municipio de Ibagué, el cual fue sancionado por el municipio y enviado a la Gobernación del Tolima como proceso regular. 

Sin embargo a la oficina jurídica del Gobierno Departamental llegó un documento por parte del Gobierno Nacional que solicita enviar el decreto a control de legalidad dicho acuerdo, en este sentido el jurista puntualizó que es válida la solitud dado que la Constitución señala que los gobernadores pueden revisar los acuerdos municipales y enviarlos al Tribunal Administrativo en una demanda de revisión para recibir un pronunciamiento al respecto. 

“Lo que sorprende es que el Gobierno entre a revisar todas las decisiones de los alcaldes pues es una norma que no se cumple en el país, pero es normal que el Gobierno pretenda bloquear los acuerdos porque está en contravía de su política macroeconómica asociada a la industria minera, el Gobierno a su vez está desconociendo las sentencias de las altas cortes dado que ya señalaron como los municipios pueden prohibir la minería en sus territorios”, puntualizó Negrete. 

Apuntó que es muy curioso que desde el Ministerio de Minas pareciera que se defienden los intereses de los empresarios relacionados a la minería y no se defiendan los intereses de los territorios y se incentive el uso de las herramientas democráticas para que las comunidades puedan empoderarse de sus municipios y departamentos.

“No conozco el documento que le enviaron al gobernador del Tolima pero sí el que enviaron al gobernador de Antioquía y es vergonzoso, en el argumento indican que hay derechos adquiridos cuando la Corte Constitucional y el Consejo de Estado indican que no existen derechos adquiridos en materia ambiental y se están preocupando por demandas internacionales cuando la culpa es del Gobierno por no consultar con anticipación con los territorios”, aseguró el jurista. 

También apuntó que de ninguna manera el municipio está burlando el ordenamiento jurídico al decretar la prohibición de la minería pues la Constitución lo respalda y la Corte Constitución respalda la decisión por tanto no resulta “grosera” la iniciativa como se indica en el documento que recibió la Gobernación del Tolima.