Una polémica se ha desatado tras el anuncio que realizó la Alcaldía de Ibagué que indica que suspendió por seis meses la entrega de licencias de urbanización a proyectos que requieran de la disponibilidad de servicios de acueducto y alcantarillado diferentes al Ibal, es decir que requieren servicio de los acueductos comunitarios de la ciudad. 

 “El artículo tercero de la ley 88 indica que el ordenamiento del territorio tiene como fin luchar por la calidad de vida de los habitantes, queremos garantizar la salud y la vida de los ibaguereños,  la calidad del agua de estos acueductos no siempre es la más alta por lo cual no se puede pretender cubrir a un proyecto de 500 o 1000 viviendas con esta agua”, indicó el secretario de Planeación. 

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Frente al tema el reconocido abogado Wilson Leal explicó que el decreto tiene muchas causas de nulidad pues en el mismo acto deroga normas de carácter nacional que establecen plazos máximos para otorgamiento de licencias además cambia los usos establecidos por el POT y también somete a revisión de licencias los últimos tres años. 

“Es un decreto que afecta de forma directamente a los proyectos de vivienda de interés social que son los que se ubican en las zonas atendidas por el Ibal, además pone en marcha un proceso de competencia desleal en contra de los acueductos comunitarios y a favor del Ibal del cual el municipio es accionista mayoritario, este es un decreto que usurpa las competencias de la Superintendencia de Servicios Públicos y adolece de todas las causas de nulidad de los actos administrativos”, indicó el abogado. 

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El secretario de Desarrollo Rural le salió al paso a la situación e indicó que la decisión se tomó porque se evidenció que hay desorden en el crecimiento de la ciudad que han proliferado la creación de acueductos comunitarios que no siempre brindan el mejor servicio y tampoco han logrado generar un sistema que logre su sostenibilidad. 

“La gran mayoría de acueductos comunitarios brindan agua no apta para el consumo humano, hay problemas de alcantarillado, la gente no paga el consumo y no hay micro medidores para saber cuánto hay que pagar, todas estas situaciones han generado abusos y descontrol”, indicó el secretario. 

Puntualizó que hay casos en el sur de viviendas de interés social donde los acueductos comunitarios han dado disponibilidad del servicio de acueducto cuando la concesión de agua no les da para surtir de manera adecuada a la población y menos con la calidad que se debe, por la Alcaldía opto por realizar la suspensión para revisar todos estos casos y recalcó que se aplicará para los terrenos que no han sido urbanizados por lo cual quien tiene su licencia no se verá afectado.

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Explicó además que la Alcaldía y el Ibal han trabajado constantemente con varios acueductos comunitarios que se han organizado con sus usuarios y les han entregado agua potable y acompañado sus procesos de mejora, sin embargo existen lugares donde no se han logrado poner de acuerdo y resulta muy difícil intervenir de forma eficaz. 

“La solución estructural se debe sustentar sobre la base de una mayor capacidad de nuestro acueducto municipal operado por el IBAL por lo cual esperamos que hacia el 2019 con la nueva bocatoma CAY se pueda suministrar agua potable a los ciudadanos que reciben agua no potable de los acueductos comunitarios”, indicó Picón.