El Consejo de Estado ha resuelto el recurso de apelación formulado por la defensa de Ramiro Sánchez en donde se declara la nulidad de la elección del contralor Municipal de Ibagué, como también se declaró nula la forma en que el Concejo Municipal alteró las reglas de celebración del concurso de ponderación, en donde Sánchez no obtuvo el porcentaje aprobatorio. 

Por su parte el abogado Wilson Leal, quien se encargó de la defensa de Marcela Jaramillo, la persona que debió ser elegida como contralora Municipal de Ibagué por ser su puntaje el único superior a los 80 puntos exigidos en la primera convocatoria que hizo el Concejo a través de la CUN indicó que “el fallo es muy diciente en relación con la responsabilidad de la mesa directiva y que una autoridad pública que ejerce la justicia enterada de las dos posiciones no pudo ser más crítica de la actitud de la variación de las reglas del proceso selectivo”.

El veedor ciudadano, Harold Tinoco, comentó que es de celebrar la decisión donde se le dio la razón a la ciudadanía pues lo que viene declarando el Concejo Municipal no es cierto y en ningún momento actuó de buena fe. 

“Esperamos que la Procuraduría tome acciones ejemplarizantes en este proceso, hasta el momento el avance en los procesos verbales va en que se están notificando a los concejales pero esperamos que la entidad no se separé de la decisión del Consejo de Estado pues los cabildantes se apartaron de la buena fe al alterar las reglas del juego, ellos atentaron contra la democracia y la moralidad”, indicó el veedor. 

Además expresó que se debe actuar en contra de la Junta Directiva y los 16 concejales que eligieron al contralor y puntualizó que ya se asignó a la fiscal 22 de Ibagué para investigar a los cabildantes, agregando que se espera que el proceso sea ágil y pase pronto a un juez de garantías dándose decisiones en el menor tiempo posible. 

Afirmó que en el caso del personero Julián Prada el tema penal es más complicado por lo cual se está estudiando para presentar la denuncia correspondiente, “la Procuraduría está investigando al contralor Gillest Trujillo por prevaricato y omisión por no investigar a los 16 concejales implicados”.