Oficiales de Migración Colombia detuvieron en agosto del presente año al doctor Adolfo Castillo Lozada, quien era buscado por las autoridades colombianas por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público, cuando pretendía ingresar al país, proveniente de Miami.

Castillo Lozada, de 55 años de edad, fue detenido por la Regional Aeropuerto El Dorado de Migración Colombia, gracias a una alerta temprana arrojada por el Centro Conjunto de Análisis Migratorio - CECAM, el cual logró evidenciar los movimientos del ciudadano colombiano.

Cabe recordar que hacia el año 2006 injustamente la Fiscalía intentó endilgarle a la familia Alvarado, (de la cual hace parte el señor Carlos José Alvarado, dueño de los Mercacentro) un supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de activos a favor de las FARC, hecho que fue desvirtuado por la misma Fiscalía años después. 

Luego se produjo un evento jurídico en contra de los depositarios que tuvieron las bombas de gasolina de la familia Alvarado por unos meses. 

Alejandro Carranza, uno de los abogados de los Alvarado, explicó que el tema ha sido delicado pues las víctimas de las conductos punibles que están siendo juzgadas no han encontrado apoyo con la Fiscalía General de la Nación y se han presentado actos sospechosos que les permiten discutir de fondo las decisiones que se han tomado.

“Adolfo Castillo y Deiby Rojas recibieron por parte del fiscal General de la Nación (e) un principio de oportunidad que le suspendía la acción penal, pero fue tramitado en menos de 32 días y fue tramitado de forma tramposa, éstas dos personas le pusieron al Estado una demanda por más de 19 mil millones de pesos porque cuando tenían las estaciones de servicio que les entregaron en encargo hicieron un contrato para quedarse con ellas pagando una suma irrisoria, cuando tuvieron que devolver las estaciones de servicio Casamotor se negó a devolverlas, las víctimas tuvieron que acudir a un juez constitucional y demostraron que el contrato era lesivo y corrupto, por tanto el juez ordenó que se devolvieran las estaciones de servicio”, explicó el abogado. 

Además apuntó que en la demanda por 19 mil millones de pesos, Casamotor reconoce que se ganó más de 4 mil millones de pesos operando las estaciones pero en la Fiscalía hicieron un reporte de que el peculado fue tan solo de 250 millones de pesos por lo cual el Adolfo Castillo ofrece pagar esta cifra al Estado. 

“El 17 y 18 de agosto nos fuimos de audiencia para oponernos al principio de oportunidad y la juez en primera instancia determinó que teníamos razón pues era desproporcionado que Casamotor reconociera que se ganó 4 mil millones y ofreciera solo 250 millones para reparar a las víctimas representadas por el Estado y no a las víctimas privadas además que era muy extraño que éstas últimas no pudieran participar en éste principio de oportunidad pues no asistieron”, expresó Carranza. 

Sin embargo en segunda instancia el juez le concedió a Adolfo Castillo el principio de oportunidad, “la víctima Luz Marina Rico inició una tutela que debe estar por fallar y en la que nos vinculamos todas las víctimas”.

Sobre la captura indicó que Adolfo Castillo estuvo prófugo de la justicia durante todo el tiempo hasta que un día antes de legalizar el principio de oportunidad fue capturado en el aeropuerto pero al legalizar la captura el juez se dio cuenta que la orden de captura no había sido renovada por la Fiscalía y tuvo que darle libertad. 

Luego en la siguiente audiencia Castillo perdió y no volvió a comparecer en ninguna por lo cual la Fiscalía tras varios procedimientos emitió nuevamente la orden de captura y luego del fallo de segunda instancia se entregó nuevamente pues sabía que había una audiencia para revocar la medida de aseguramiento y que quedará libre.

“A pesar de que estamos en plena batalla y hemos denunciado  a las autoridades que participaron de una forma anómala nuevamente iban a revocarle la medida de aseguramiento sin la participación de las víctimas, afortunadamente dimos con una juez muy ecuánime que mando a la cárcel al señor Castillo, esperaremos la audiencia del 10 de noviembre dónde asistiremos con todas las víctimas y en este momento sabemos que Casamotor es una empresa que le debe más de 4 mil millones de pesos de sobretasas a municipios del Tolima y el Huila”, apuntó el abogado. 

Por su parte el analista de Hora 20 de Caracol Radio, Juan Pablo Estrada, miembro del pool de abogados de Adolfo Castillo, afirmó que “Casamotor no está involucrado en este litigio, la responsabilidad penal es individual y está involucrado Adolfo Castillo, ex representante legal y otro funcionario Deiby Rojas, pero como se dice coloquialmente ‘Casamotor no tiene velas en éste entierro’. En efecto Adolfo Castillo se encuentra en el Búnker de la Fiscalía como parte de un proceso de colaboración que se inició hace meses donde lo indagaron por algunos negocios que tuvo con la Dirección Nacional de Estupefacientes y sin aceptar responsabilidad penal alguna decidió entregar una información que conocían que la Fiscalía General de la Nación valoró y resultó de suma utilidad al punto que le otorgó a los dos un principio de oportunidad pleno y total, es decir cesó la persecución judicial contra Castillo y Rojas sin que esto signifique la aceptación la comisión de esos delitos que se le imputaban, simplemente cesa la persecución porque la colaboración es efectiva”. 

Además explicó que la demanda por los 19 mil millones de pesos y los 4 mil millones de ganancias que tuvieron por el manejo de las estaciones que alega Carranza no están basadas en un perito contable pues el esquema en que se vinculó a Casamotor se fijó un canon de arrendamiento y que representó ingresos superiores para la familia Alvarado al que reportó en el año anterior, y además agregó que "ellos están haciendo la cuenta de la lechera".

“La cifra que a ellos les parece irrisoria es la que se estableció en el trámite de la Fiscalía General de la Nación, como consecuencia de los desfases del canon pues no teníamos que pagar nada distinto que esto y ese desfase es originado por el cambio en las tarifas el impuesto del IVA, esa es la cifra por la cual la Fiscalía tramitaba un supuesto peculado, la familia Alvarado debe reclamarle los daños y perjuicios es al Estado”, aseveró Estrada.