A propósito de la idea del Alcalde de Ibagué de realizar una Consulta Popular para impedir la actividad minera en dicho Municipio, la ANDI desea llamar a la reflexión  sobre los efectos nocivos que tendría una decisión de tal naturaleza:

Aspectos legales:

 1. La propiedad de los recursos naturales no renovables es del Estado. Debe haber una articulación entre las entidades que administran tales recursos en el orden Nacional, Departamental y Municipal. Por ello, la decisión de permitir o prohibir la minería no es exclusiva del ámbito municipal.

 2. Desde el punto de vista constitucional, no procede realizar la Consulta Popular propuesta por el Alcalde de Ibagué y, en tal sentido, confía en que la decisión que tome al respecto el Tribunal Administrativo del Tolima contará con el rigor jurídico, la transparencia e independencia debidas.

 3. La minería que actúa de acuerdo con los fines y  límites establecidos por las leyes y autoridades pertinentes, en particular, las ambientales, es fuente de progreso económico y de bienestar social.

Aspectos prácticos:

1.  La minería comprende múltiples actividades económicas de diferentes niveles y complejidades, todas las cuales son fuente de progreso económico y social.

2.  La extracción de materias primas para la producción de bienes que son indispensables para la construcción, hacen parte de la cadena minera. Así por ejemplo: las arcillas para elaborar ladrillos, baldosas, cemento, azulejos o sanitarios; las arenas y el material granulado para la mezcla en las edificaciones y obras públicas.

3.  Muchos de los negocios y empleos que se generan en esta cadena de producción son locales y se verían afectados al prohibirse la minería en Ibagué.

4.  La utilización de los recursos naturales, en armonía con el respeto al ambiente de manera sostenida y responsable, permite el aprovechamiento de tales bienes para transformarlos en mayores beneficios colectivos.

5.  Al hacerse una adecuada extracción de los minerales, el Municipio de Ibagué contará con rentas (ingresos fiscales) provenientes de tributos (regalías, impuestos de industria y comercio), para atender las necesidades básicas insatisfechas de la población y para realizar la infraestructura requerida para el progreso.

En conclusión, la ANDI invita a las autoridades nacionales, regionales y locales para que construyen un entendimiento armónico que permita la actividad minera en Ibagué compatible con un ambiente sano.